La propuesta del lehendakari, organizar una convención para debatir una nueva interpretación de la Constitución española, sin reformarla, ha logrado marcar la agenda de la discusión política en el Estado y, aunque los socialistas aclaran que su planteamiento sobre el modelo territorial es diferente, le han reconocido varias virtudes. Iñigo Urkullu ha sido minucioso a la hora de buscar una iniciativa viable, que tiene precedentes cercanos en democracias del entorno y que, sobre todo, se inspira en los casos de Canadá, Alemania e Irlanda, según fuentes de Lehendakaritza consultadas por este periódico. Este mecanismo permite llevar a cabo debates limitados a ciertos puntos en concreto, y da la oportunidad de implicar a la ciudadanía y abrir un diálogo entre ella y la clase política. Estos precedentes ayudan a concretar qué forma podría tener ese foro, y demuestran cómo los estados han tratado de actualizarse ante los cambios. La dinámica puede desembocar o no en una reforma, aunque Urkullu plantea la vía de la interpretación.
Canadá
El caso de Canadá se remonta a la Convención Constitucional de Charlottetown de 1992, que fue convocada por el entonces primer ministro Brian Mulroney y su gobierno, y que congregó a líderes de todas las provincias y territorios del Estado. Se trataba de mejorar unas relaciones que habían quedado muy tocadas y superar esa quiebra territorial. El objetivo era discutir y negociar reformas constitucionales, incluidas varias cuestiones relacionadas con Quebec, y alcanzar un consenso entre ese territorio y otras provincias, tras el intento infructuoso de Meech Lake en 1987. El acuerdo fallido de los años ochenta pretendía reconocer en la Constitución que Quebec es una “sociedad distinta” y otorgar a ese territorio una capacidad mayor en el ámbito lingüístico y cultural, pero decayó porque no obtuvo el aval de todas las provincias antes de la fecha límite de 1990.
Con la intención de retomar las negociaciones y lograr lo que entonces no fue posible, Mulroney activó una convención constitucional que incluyó nuevamente las aspiraciones de Quebec, pero también los derechos indígenas, el papel del Senado y la distribución de poderes entre el gobierno federal y los territorios. La convención sirvió para alumbrar varios acuerdos, pero el texto pinchó al someterse a referéndum en todo el Estado y ser rechazado por la ciudadanía en la mayor parte de los territorios y en la propia Quebec. El referéndum de octubre de 1992 tumbó los acuerdos con un 54,9% de rechazos, pero esta experiencia se sigue valorando como un ejercicio relevante a la hora de buscar un acuerdo territorial.
Alemania
Otro Estado marcado por la diversidad territorial, Alemania, organizó una convención constitucional o Verfassungskonvent en 1994, y se resolvió con éxito. Se llevó a cabo poco después de la caída del muro de Berlín y la reunificación de las dos alemanias, una nueva situación que planteó nuevos desafíos, algunos tan prosaicos como decidir qué número de escaños debía tener el Parlamento Federal ahora que la dimensión del país era mayor tras la unión de sus dos mitades. También debían abordar la estructura federal y los poderes de los estados federados.
Fue el canciller Helmut Kohl quien quien convocó la convención, que exigió movilizar a una gran cantidad de expertos en Derecho Constitucional, académicos y representantes de los diferentes länder o estados federados. Se alcanzó un acuerdo a través de varias enmiendas sobre la reunificación y la distribución de escaños en el Bundestag, y fueron ratificadas por ese Parlamento y por los estados federados, de manera que a día de hoy forman parte de la Ley Fundamental alemana.
Irlanda
En el caso irlandés destaca el papel que tuvo la ciudadanía en un proceso participativo ambicioso, que se saldó con varios acuerdos progresistas como reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. La convención constitucional de 2012 a 2014 se puso en marcha tras una resolución de las dos cámaras del Parlamento Irlandés, Oireachtas. Se apostó por el modelo de democracia deliberativa, con la participación de varios ciudadanos seleccionados de manera aleatoria y que recibieron información objetiva y después pasaron a participar en pequeños grupos de discusión. La convención la formaron 33 políticos y 66 ciudadanos. Se contó con el respaldo de varios expertos académicos, politólogos y abogados constitucionalistas.
Se recibieron más de 2.500 aportaciones de la sociedad civil, y el Gobierno asumió el compromiso de recoger el guante de las recomendaciones en cuatro meses y generar debates en el Oireachtas, que a su vez tenía la capacidad de validarlos y activar un referéndum ciudadano. Surgieron cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos de las mujeres, validados en referéndum.
