La confesión de dos antiguos miembros de ETA que delataron recientemente a diferentes direcciones de la organización terrorista pasará ahora a manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que estudiará sus testimonios para valorar la posibilidad de citarlos a declarar en las demás causas abiertas contra la cúpula de ETA.
Por primera vez, dos antiguos integrantes de comandos de la banda terrorista se convirtieron en testigos protegidos en la Audiencia Nacional al desvelar el papel desempeñado por los dirigentes de ETA y cómo en atentados contra políticos se necesitaba "autorización expresa" de su comité ejecutivo.
Unos testimonios que previsiblemente se irán incorporando a las diferentes investigaciones sobre la supuesta responsabilidad de la cúpula de ETA en varios atentados, pero que por sí solos tienen un valor limitado, dado que deberían ser ratificados por los dos testigos en cada procedimiento, según han explicado fuentes jurídicas.
Por ello, lo que hará ahora la Fiscalía es examinar esas confesiones para decidir si procede llamarlos a declarar en cada una de las causas abiertas, indican fuentes fiscales, que resaltan con prudencia que se examinará "caso por caso".
La cúpula decidía
Las declaraciones, prestadas primero ante la Guardia Civil y después ratificadas ante el juez, se produjeron en la investigación sobre el asesinato del concejal del PP en Donostia Gregorio Ordóñez en 1990, y el magistrado a cargo de la misma ya acordó remitirlas al juzgado donde se investiga el atentado contra el joven edil Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 en Ermua.
Sobre este último secuestro y asesinato, uno de los dos antiguos miembros de ETA confirmaron la tesis plasmada por las fuerzas de seguridad en sus últimos informes: para atentados de ese "calibre" era necesaria "la autorización expresa de los integrantes de la estructura directiva de ETA".
"Bajo mi punto de vista, yo pienso que el Comité Ejecutivo podría haber evitado la comisión del asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido (...). Prácticamente Blanco Garrido estaba sentenciado desde su secuestro", indicó, según la documentación a la que ha tenido acceso EFE.
En la misma línea fue la declaración del otro exintegrante de ETA, que señaló que ese "tipo de acciones" no podía llevarlas a cabo un comando "de motu proprio": "Ahí necesitábamos autorización de la dirección".
Porque "por ejemplo, para realizar algún secuestro, sí que había que consultarlo con la dirección, y recibir la autorización" -dijo este exetarra-, mientras que "contra guardias civiles o fuerzas de seguridad no había que consultar, ya que anteriormente la Dirección dio vía libre para llevar a cabo ese tipo de acciones".
Han señalado a varios miembros de la dirección
Sí que les dieron, según su testimonio, "informaciones" respecto a los atentados contra políticos, que "ya venían elaboradas" y procedían de su responsable del comando, en Francia. Y en el caso de "acciones específicas, como las cometidas contra varios camiones de empresas por no pagar el impuesto revolucionario, sí que había una autorización previa por parte de los miembros de la dirección".
Estos dos exmiembros de ETA formaron parte de la organización en la década de los años 80 en un caso y entre 1993 y 2001 hasta que fue detenido, en el otro.
Este último señaló a Soledad Iparaguirre, Anboto, como la "responsable" que transmitía las "órdenes" a su comando; y también citó como miembros que integraban el comité ejecutivo de la banda a "José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; e Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería.
Tras la confesión de los dos antiguos integrantes de ETA, el PP ha remitido un escrito al magistrado que investiga el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el que solicita procesar a los cuatro exdirigentes de la banda imputados: Kantauri, Mikel Antza, Anboto e Iñaki de Rentería por "el secuestro y posterior asesinato terrorista con agravante de alevosía".
El primero de ellos ya fue procesado hace años y recientemente Francia autorizó su entrega a España para ser juzgado por estos hechos.
