El Parlamento Vasco ha pedido al Gobierno central que apruebe, antes de que finalice esta legislatura, el reglamento que determine las compensaciones derivadas del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, y que estas indemnizaciones "reciban el mismo tratamiento fiscal que las indemnizaciones obtenidas mediante sentencia judicial", de forma que se declaren "exentas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)".

Elkarrekin Podemos-IU ha llevado a la Cámara vasca una proposición no de ley sobre la exención en el IRPF de las compensaciones derivadas de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto.

La coalición ha acordado con PNV y PSE un texto, que también ha recibido el apoyo de EH Bildu y PP+Cs, por lo que ha sido aprobado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, excepto de la parlamentaria de Vox que se ha abstenido.

En el mismo, el Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a aprobar, "antes del final de la presente legislatura", el reglamento que determine las compensaciones derivadas del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto.

Además, insta a las instituciones competentes a que, una vez aprobado y publicado el citado reglamento, traslade al Órgano de Coordinación Tributaria la propuesta normativa necesaria para que las compensaciones derivadas del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, regulado en la Ley 21/2022, de 19 de octubre, "reciban el mismo tratamiento fiscal que las indemnizaciones obtenidas mediante sentencia judicial, es decir, se declaren exentas del IRPF".

En el pleno, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha lamentado que en la citada ley "no ha quedado recogido que las cantidades percibidas con cargo al Fondo de Compensaciones para las Víctimas del Amianto sean consideradas como rentas exentas en el IRPF, algo que ya ocurre con las indemnizaciones que reciben las personas que se ven obligadas a acudir a los juzgados para que se reconozca su enfermedad laboral o con otras administraciones similares de las administraciones públicas".

Hernández ha explicado que la iniciativa original estaba dirigida a las diputaciones forales, ya que como los territorios históricos tienen "competencias exclusivas" en el impuesto de la renta de las personas físicas, "pueden modificar, acondicionar la normativa para que estas nuevas indemnizaciones sean consideradas rentas exentas de tributación del IRPF".

Según ha explicado, los grupos que apoyan al Gobierno Vasco --PNV y PSE-- le han propuesto esperar a la aprobación del reglamento que desarrolle la ley para considerar efectivamente exentas esas cantidades y han llegado a un acuerdo, en el que también se solicita al Gobierno que acabe el reglamento "en la presente legislatura".

"Nosotros defendemos que puesto que los territorios históricos tienen competencia en impuestos directos, pueden y deberían ir adelantando trabajo, y tener la normativa preparada, para cuando se acabe el reglamento, las víctimas del amianto puedan tener esa exención cuanto antes", ha insistido.

La parlamentaria de PNV Maitane Ipiñazar subrayado la necesidad de "seguir trabajando" por las víctimas del amianto y ha calificado de "justo" la reivindicación de las víctimas de que las indemnizaciones percibidas estén exentas del IRPF. "Es cierto que con la redacción actual de las normativas forales se puede considerar que dichas indemnizaciones están exentas y eso es lo que defendimos en las Juntas generales de Bizkaia", ha explicado.

No obstante, ha abogado por "ayudar a las víctimas" y cree que "si para mayor certeza jurídica", se considera que la exención se tiene que "elevar y analizar" por el Órgano de Coordinación Tributaria, apuestan por que se haga.

La parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo ha afirmado que este fondo "es de Justicia" y ha defendido que estas indemnizaciones "no deben tributar, por coherencia y respeto a las víctimas". Además, ha lamentado que este asunto de la exención se puso sobre la mesa durante la tramitación de la ley pero "lamentablemente no tuvo reflejo finalmente" en la norma.

Pinedo ha señalado que en el País Vasco, las Haciendas forales tienen "competencia plena" para poder definir las rentas exentas en el IRPF y por tanto, cuentan con la capacidad para hacerlo "sin tener que esperar a que otras administraciones lo hagan". "Las víctimas se merecen tener la certeza de que las compensaciones que reciban no van a tener que tributar y no tienen por qué estar al albur de interpretaciones de la norma", ha insistido.

La parlamentaria del PSE Gloria Sánchez ha defendido que la aprobación de la Ley 21/2022 "representa un gran avance" pero ha recordado que, el Gobierno debe aprobar el reglamento que "desarrolla la ley y activa el funcionamiento y la puesta en marcha del fondo" y que "también determinarán las cuantías que se aprobarán como indemnizaciones a las víctimas que han estado expuestas al amianto".

"Por lo tanto, hasta que no se apruebe dicho reglamento, no se puede producir ningún perjuicio para ninguna víctima, porque nadie puede cobrar dicha indemnización", ha indicado, antes de subrayar la necesidad de "esperar primero a la aprobación de dicho reglamento".

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha anunciado el voto a favor de la enmienda de transacción de su grupo, pero ha advertido de que el texto "es insuficiente", ya que "está basado sobre algunos incumplimientos del propio Gobierno de España".

Barrio ha recordado que el fondo ya está creado por lo que la enmienda de transacción cuando cita el reglamento, se refiere a "algo meramente técnico, que además debía de haber estado aprobado" por el partido del grupo proponente, que ha recordado "forma parte del Gobierno de España". "Lo tendría que haber creado a partir de la publicación de la ley el 20 de octubre de 2022, tres meses después, es decir, el 20 de enero; estamos dos meses tarde y además, se le da de plazo hasta final de la legislatura", ha criticado.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha participado en el debate.