La Mesa del Congreso ha acordado personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional a raíz del recurso de amparo interpuesto por el PP contra las reformas judiciales que han sido paralizadas, una decisión con la que no estaban de acuerdo los populares y Vox, según fuentes de este órgano.
El Congreso, igual que ha hecho poco antes la Mesa del Senado, ha tomado esta iniciativa como no podía ser de otra manera, ha señalado el secretario primero de la Mesa de la Cámara baja, Gerardo Pisarello: "obviamente se ha decidido que el Congreso tiene que comparecer ante el Tribunal Constitucional.
Debe presentar alegaciones, ha explicado, "defender la autonomía parlamentaria" y denunciar la vulneración de derechos de la mayoría de diputados que defendían que esta reforma saliera adelante.
No se trata de otra cosa que atender a la resolución del Constitucional, han explicado las mismas fuentes, que en ésta da un plazo de diez días para que las Cámaras remitan certificación de las actuaciones al tiempo que concede otro plazo de diez días al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada.
Por eso, han señalado, no entienden que tanto los representantes del PP como de Vox hayan cuestionado la necesidad de acudir al Constitucional.
En este sentido, el vicepresidente cuarto de la Mesa, Ignacio Gil Lázaro (Vox), ha dicho en la reunión que la decisión de comparecer ante el Constitucional la debe adoptar la Mesa por unanimidad.
El Senado también recurrirá
La Mesa del Senado ha decidido continuar con la tramitación de la proposición de ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación tras eliminar las reformas introducidas para renovar el Constitucional, cuya tramitación ha sido suspendida por ese mismo tribunal.
El órgano de gobierno de la Cámara Alta ha acordado asimismo en una reunión extraordinaria personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional a raíz el recurso de amparo interpuesto por el PP contra las reformas judiciales.
La decisión no ha sido unánime, ya que, según fuentes parlamentarias, el PP ha discrepado de la fórmula elegida por la Mesa para acatar la resolución del Supremo.
La Mesa, presidida por el socialista Ander Gil, está compuesta por tres senadores del PSOE, tres del PP y uno del PNV.
Tras esta decisión comenzará el debate de la proposición de ley amputada en la Comisión de Justicia, con el fin de que llegue al pleno el jueves.
