El Consejo de Ministros ha concedido dos subvenciones por una cantidad global de 306.000 euros a la Diputación de Ciudad Real y al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid) para financiar la exhumación e identificación de restos de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

En el caso de Ciudad Real, la subvención será de 150.000 euros y estará destinada a financiar las actuaciones que se lleven a cabo en las fosas del Cementerio Municipal.

Según el Gobierno, estas fosas constituyen uno de los lugares donde se concentran un mayor número de cuerpos pendientes de exhumación con represaliados de la Guerra Civil y la dictadura, apuntando los historiadores a una cifra que supera los 1.200 cuerpos enterrados.

La ayuda aprobada irá destinada a sufragar gastos vinculados a labores de prospección, apertura de fosa, análisis forense, pruebas genéticas, búsqueda de familiares, filmación de testimonios, digitalización de materiales y acciones de reparación y restitución a las familias.

Por su parte, el importe de la subvención concedida al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes asciende a 156.000 euros.

Esta ayuda servirá para dar continuidad al proceso de búsqueda, exhumación e identificación iniciado el pasado mes de agosto en el Cementerio Parroquial de Colmenar Viejo (Madrid).

Para poder garantizar a las familias de las víctimas que se completa el procedimiento, deberán concluirse las excavaciones en la parte del cementerio civil, realizando el estudio óseo de cada cuerpo exhumado y procediendo a la toma de muestras biológicas de los familiares disponibles para llevar a cabo la comparación genética correspondiente.

Los ayuntamientos de Colmenar Viejo, Moralzarzal, Soto del Real, El Molar, Miraflores de la Sierra y Manzanares el Real, municipios de origen de las víctimas cuya localización e identificación se pretende, han aceptado la representación del Consistorio de San Sebastián de los Reyes para desarrollar las actuaciones oportunas en este proceso.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática es el Estado quien asume las exhumaciones de las fosas comunes, una tarea que antes recaía en los familiares de las víctimas o en las distintas asociaciones.