El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a defender la actuación "proporcionada" de la Guardia Civil en la valla de Melilla el pasado 24 de junio cuando al menos murieron 23 migrantes, y ha reafirmado una vez más que no hubo que "lamentar ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional".
"Lo dije y lo reitero: estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país", ha aseverado Marlaska en su segunda comparecencia en el pleno del Congreso y horas después de una investigación de la ONG Lighthouse Reports publicada por un consorcio internacional de periódicos, entre ellos El País, que sostiene que alguna muerte se produjo en suelo español.
Una afirmación alineada con los argumentos mantenidos por los socios de Gobierno, de investidura y de la oposición que, tras visionar la semana pasada las imágenes de la tragedia, señalaron que la avalancha llegó a alcanzar la parte española, que agentes marroquíes actuaron en territorio español y que no hubo una atención sanitaria adecuada.
Tras afear la "decepcionante actitud" de los diputados de la comisión de Interior por visionar "ni un tercio" de las imágenes disponibles, Marlaska ha subrayado que "se ha constatado de forma evidente que la tragedia sucedió principalmente en otro país", tal y como han constatado las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas.
En este sentido, ha pedido responsabilidad a todos los grupos al considerar que se ha intentado "redefinir el Derecho Internacional y el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados retorciendo argumentos catastrales propios de la definición de las lindes entre particulares o buscando incansablemente cualquier posibilidad de determinar que el hecho había acontecido en territorio español".
También considera una "irresponsabilidad" afirmar que no se atendió a los migrantes que lo necesitaron y ha detallado que había "equipos de atención sanitaria obviamente protegidos" ante el "asalto violento", y ha detallado que once migrantes fueron trasladados al hospital de Melilla.
Durante su comparecencia, interrumpida en varias ocasiones por los aplausos de la bancada socialista, el ministro ha reprochado a quienes pretenden justificar "el violentar una infraestructura fronteriza" para solicitar protección internacional, pues la ley de Asilo define claramente los espacios para hacerlo.
"España, no tengan ninguna duda, es un país de acogida para cualquier solicitante de asilo que llame a sus puertas pero no puede permitir que nadie intente derribarlas a patadas", ha dejado claro el ministro antes de volver a lamentar las muertes y reiterar que el asalto protagonizado por unos 1.700 migrantes organizados fue un intento de "agresión sobre la frontera española intolerable y violento".
Ha defendido que se cumplió "de forma plena con la legalidad" cuando la Guardia Civil "impidió" el acceso de esas personas a territorio nacional, algo que nada tiene que ver con empatizar con las causas de origen que les llevan a querer cruzar la frontera y a reconocer que la tragedia "nunca debió suceder".
Al igual que hiciera en su comparecencia el 21 de septiembre en el pleno, el titular de Interior ha relatado detalladamente la cronología de lo ocurrido el 24 de junio, tras lo que ha insistido que son los mismos hechos "porque no hay otros, por mucho que moleste a quienes desde su sesgo y su verdad preconcebida querrían otra verdad que quieren construir pero que no existe".
Especialmente duro se ha mostrado con "la deriva del PP", al que acusa de haber sembrado "dudas" sobre la actuación de la Guardia Civil en Melilla, por lo que ha instado a una "rectificación" sobre esas "insidias".
Entre ellas, se ha referido a las declaraciones de su vicesecretario Esteban González-Pons que este martes ha asegurado que hubo heridos y muertos en territorio español que no fueron atendidos y "fueron empujados al otro lado de la frontera".
Para Marlaska, que ha recibido abucheos de los populares, el PP está acusando a la Guardia Civil de cometer "varios delitos de una extraordinaria gravedad", por lo que ha ordenado que su departamento se haga cargo de la defensa de cualquier agente que pueda ser denunciado.
"Hemos visto a una oposición que se dice de Estado y que lo ha demostrado una vez más a lo largo de su corta historia es que le importan bien poco nuestras instituciones con tal de obtener réditos políticos", ha arremetido.
Y ha apostillado: "No se puede utilizar a la Guardia Civil para intentar menoscabar al ministro del Interior ni a este Gobierno".
De nuevo, ha defendido la "transparencia absoluta" en la gestión de la tragedia y la "colaboración completa" tanto con el Defensor del Pueblo como con la Fiscalía, que mantienen abierta sendas investigaciones. En el caso de al última, ha avanzado que el Ministerio Público ha tomado declaración a varios responsables del instituto armado ese día.
