El TC no examinará los dos candidatos del Gobierno a la espera de que el CGPJ nombre los suyos

Las fuentes explican que, de momento, Campo y Díez no serán examinados en solitario en el Pleno del TC, que debe analizar su idoneidad comprobando que los nominados cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional --ser español y jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional--.

Las citadas fuentes indican que, cuando el TC reciba el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designa a Campo y Díez, lo pondrá en conocimiento del CGPJ para que éste a su vez proceda a nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.

No obstante, las fuentes recalcan que se trata de una decisión temporal. En este sentido, advierten de que el TC podría revisarla si el órgano de gobierno de los jueces se retrasa en el nombramiento de sus dos aspirantes. En esa tesitura, no descartan que los nominados por Moncloa tengan que enfrentarse en solitario al examen del Constitucional.

Campo y Díez vendrían a sustituir al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez, los dos magistrados que en su día fueron propuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares, deben ser relevados por los que designe el CGPJ.

Estos cuatro magistrados, cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio, forman el tercio que la Constitución encomienda nombrar a Gobierno y Consejo, de ahí las dudas suscitadas sobre la posibilidad de que puedan tomar posesión por mitades (de dos en dos) o si solo cabe una renovación completa (los cuatro a la vez).

A EXAMEN EN EL PLENO

Las fuentes jurídicas preguntadas por esta agencia de noticias explican que será el Pleno del TC quien despeje la incógnita si finalmente Campo y Díez acuden al examen de idoneidad sin los dos aspirantes seleccionados por el CGPJ.

En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los candidatos del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque --explicaban-- el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.

Sin embargo, las mismas fuentes apuntan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.

Desde entonces, los vocales progresistas y conservadores negocian sus dos nombres con avances a cuentagotas. Los dos bloques se han comprometido a celebrar una primera votación el próximo 22 de diciembre, si bien fuentes del CGPJ enfatizan que eso no garantiza que ese día haya fumata blanca. De momento, el único candidato formal es el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés por parte de la corriente progresista.

Fuentes del TC consideran factible que los dos aspirantes del Gobierno tomen posesión solos por cuanto, exponen, una cosa es que no puedan ir los cuatro candidatos por impedimento legal --como ocurría antes de la segunda reforma del LOPJ-- y otra que no pueda renovarse el Constitucional porque un órgano del Estado bloquea a otro, ya que --alegan-- desde julio la renovación de la corte de garantías depende únicamente de la voluntad de los vocales del Consejo.

Además, recuerdan que ya hay un precedente histórico de constitución incompleta del TC. Los primeros magistrados del Constitucional se nombraron el 14 de febrero de 1980 y días después, el 25, tomaron posesión. Solo eran diez porque faltaban los dos del CGPJ y aún no se había constituido. El tribunal no quedó plenamente constituido hasta ese 12 de julio, pero hasta entonces funcionaron como un colegio de magistrados.

DE UNA MAYORÍA CONSERVADORA A OTRA PROGRESISTA

Frente a esta tesis, otras fuentes del TC sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los cuatro magistrados), porque lo contrario supondría 'de facto' hacerlo por sextos (dos magistrados).

Y señalan como antecedente favorable a esta posición lo ocurrido en 2004, cuando el CGPJ nombró a Pascual Sala y Ramón Rodríguez-Arribas, y el Gobierno de José María Aznar, ya en funciones tras la victoria electoral del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero, optó por no designar a sus dos candidatos, que finalmente fueron nombrados por el nuevo Ejecutivo socialista, con Manuel Aragón y Pablo Pérez-Tremps.

Así las cosas, la llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC, de 6 a 5, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya --que debe cubrir el Senado-- sigue vacante.

Cabe recordar que, si Campo y Díez consiguieran el visto bueno del Pleno sin los dos del CGPJ, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiaría porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos enviados por el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría progresista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.