Isabel Gallego, exdirectora general de Medios de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, ha recurrido su procesamiento en la causa sobre la presunta financiación irregular del PP investigada en el caso Púnica, al considerar "injusto" que se la responsabilice a ella sin ser miembro del partido, mientras que la expresidenta madrileña y otros dirigentes han quedado exonerados.

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, Gallego lamenta "lo injusto, parcial y discriminatorio que supone que se haga pivotar la financiación del PP" sobre ella cuando nunca formó parte del partido y existían "numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión" a los que "se archiva el proceso con desiguales argumentos".

Gallego hace hincapié en que no pertenece al PP al poner en cuestión que el juez la incluya entre los "dirigentes" a los que se dio a conocer Alejandro de Pedro, propietario de una empresa especializada en reputación en internet investigada en Púnica.

"Es un error transcribir que Isabel Gallego haya tenido cargo alguno en el Partido Popular, pues es lo cierto que trabajó para el Partido como profesional experta en comunicación, pero nunca con afiliación ni cargo orgánico alguno", insiste el recurso.

También reprocha que si Alejandro de Pedro consiguió "vender" a esos cargos del PP cualquier trabajo, no haya tenido para ellos "las consecuencias que se predican" para Gallego "a quien nunca se las vendió".

Sostiene así que no fue ella quien propuso contratar a De Pedro sino que le fue "impuesto" tras ser recomendado por el que fuera jefe de Gabinete de Aguirre Borja Sarasola, quien también figura entre los ochos procesados en esta pieza de Púnica, la número 9.

Recuerda además que en 2010, la encargada de la Secretaría de Comunicación era Lucía Figar (otra de las imputadas que ha quedado fuera de esta causa), mientras que la de las redes sociales era la actual presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por lo que "fueran quienes fueran las encargadas de aquellos menesteres", en ningún caso lo era ella.

También se pregunta el recurso por qué, si se considera delito la publicidad llevada a cabo por la Dirección General de Medios acerca de los presidentes de la CAM, "estos eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada."

El pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, archivó este caso para los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, al igual que hiciese hace un año con respecto a la sucesora de ambos, Cristina Cifuentes.

De los 79 imputados que llegó a tener esta pieza, el magistrado redujo a ocho los procesados, entre los que destacan el exconsejero madrileño y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el exgerente Beltrán Gutiérrez.

Junto a estos dos principales investigados y a Gallego, el juez procesó al que fuera jefe de Gabinete de Aguirre Borja Sarasola, al ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de Madrid José Martínez Nicolás, y al empresario y presunto "conseguidor" de Púnica Alejandro de Pedro, entre otros.