A una semana de que el Consejo de Ministros se ponga de nuevo manos a la obra, Pedro Sánchez interrumpió su descanso en Lanzarote para plantarse ayer en la isla canaria de La Palma, casi un año después de la erupción del volcán, y arremeter desde allí contra la “deslealtad” y “obstruccionismo” del PP, a quien instó a “cumplir lo firmado” para renovar el Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace cuatro años (1.352 días), así como a respaldar el plan de ahorro energético impulsado desde Moncloa. El líder del PSOE confirmó que en octubre de 2021, cuando al frente de Génova 13 se encontraba aún Pablo Casado, se produjo un pacto con la formación conservadora para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces, de forma que emplazó al partido de Alberto Núñez Feijóo a sentarse a cerrar “hoy mismo” la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con traje, pero sin corbata, el presidente del Gobierno español hizo “un llamamiento al principal partido de la oposición para que cumpla con lo firmado, que cumpla con la ley y que cumpla con la Constitución”, subrayó Sánchez, después de que hace unos días el máximo dirigente del PP precisara que no disponía del texto de aquel consenso. “No hay precedente en Europa, ni en la historia democrática de este país, como el bloqueo que se está haciendo del Poder Judicial”, recalcó el socialista, para rematar: “Vuelvo a tender la mano, el Gobierno tiende la mano para renovar mañana mismo el Poder Judicial y pido al PP que cumpla los pactos que firma, porque la Constitución se tiene que cumplir del primero al último de los artículos; no el artículo que le interesa sí y el que no, no”.

Aquel documento fue suscrito el 21 de octubre de 2021 y rubricado por el entonces secretario general de los populares, Teodoro García Egea, y el recién nombrado secretario de reforma constitucional y nuevos derechos en la ejecutiva del PSOE, además de ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Tal y como público ayer el diario El País, el texto recoge que “el PSOE y el PP han alcanzado” un acuerdo para que ambos grupos parlamentarios presenten conjuntamente una proposición de “reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial” después de “la elección por las Cámaras de todos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia Española de Protección de datos” –el acuerdo sobre esta última institución se anuló posteriormente–. Pero el actual PP de Feijóo se desmarca por completo de esos pactos hilvanados por la dirección anterior y los califica de “marrullerías políticas”.

Sánchez cargó además con dureza contra la deslealtad de los populares con el plan de ahorro energético que aprobó el Ejecutivo a principios de agosto. Por ello, demandó a Feijóo “sentido común” para aparcar la “lucha partidista”, argumentando que las medidas del Real Decreto del Gobierno son “fruto de un gran acuerdo entre la Comisión y todos los estados miembros para hacer frente al chantaje energético” del presidente de Rusia, Vladímir Putin. El Estado español, destacó el socialista, es “un país europeísta no por necesidad sino por convicción”, y recordó que “afortunadamente no depende tanto” del gas ruso como otras economías europeas.

Dicho esto, hizo alusión al PP aunque si citar expresamente estas siglas: “Yo haría de nuevo un llamamiento al sentido común, a la responsabilidad, a la solidaridad y a la unidad”. La “solidaridad con Europa”, afirmó Sánchez, es sobre todo con esos países que están sufriendo el citado chantaje. Y en cuanto a la “unidad” que reclama, valoró que se debe tener porque “esta guerra es un desafío para el conjunto de la sociedad europea tanto si se vive en España, como en Alemania, en Italia, en las Repúblicas Bálticas o en Polonia”. En este sentido, mostró su confianza en que en breve se puede “hacer realidad el sueño” del gasoducto por los Pirineos para conectar con Francia, permitiendo así reforzar el suministro de gas al resto de la Unión Europea, tal y como demandó la pasada semana el canciller alemán, Olaf Scholz.

molesto con las intoxicaciones

El jefe del Ejecutivo español tampoco vaciló a la hora de expresar su malestar por publicaciones que aseguran que prepara una crisis de Gobierno. “Se publican noticias de cosas que ni he pensado. Hago un llamamiento a que los medios informen, no especulen, porque no entra en mis planes hacer ninguna crisis de gobierno. Esto creo que son informaciones que se publican para que yo responda y diga que no hay tal crisis y se transmita imagen de que esto no es un gobierno estable. Pero yo estoy orgulloso extraordinariamente del trabajo de todos los ministros... Una cosa es informar y otra intoxicar porque esto no tiene que ver con informaciones veraces, sino con intoxicaciones”.

De esta manera, Sánchez reiteró su compromiso de llevar al actual gabinete hasta el final de legislatura, previsiblemente en diciembre de 2023, y añadió que lo importante es afianzar la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo. Es decir, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, luchar contra la inflación, superar el covid y “hacer frente a las realidades diarias que tienen los ciudadanos”. Todo ello bajo la bandera de proteger a las clases medias y trabajadoras, y pensando en avanzar en la modernización socioeconómica.

La nueva visita de Sánchez a La Palma se produjo cuando apenas quedan 34 días para que se cumpla el primer aniversario del comienzo de la erupción del volcán de La Palma, en pleno parque natural de Cumbre Vieja. El principio de un periplo de 85 días de una pesadilla que acabó el pasado 14 de diciembre con 7.000 desplazados, arrasó 1.219 hectáreas y destruyó 1.676 edificaciones, 1.345 de ellas de uso residencial. l

Próxima aprobación en Consejo de Ministros

Centro estatal de salud pública: Protegerse ante posibles pandemias.

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la creación del Centro Estatal de Salud Pública. Se cumple, según Sánchez, “una obligación derivada de la pandemia” porque “nos va a permitir estar más preparados y protegidos frente a las consecuencias de cualquier enfermedad de transmisión comunitaria, y ante futuras y potenciales pandemias”. Según el Ministerio de Sanidad, tendrá “autonomía funcional” y se dedicará al “análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia”. No está decidido si se ubicará o no en Madrid.