Anna Gabriel se presentó ayer voluntariamente en el Tribunal Supremo para ponerse a su disposición y regularizar su situación procesal después de sus cuatro años y medio de exilio en Suiza y con el fin de “recuperar” su “libertad de movimientos”. El magistrado Pablo Llarena dejó sin efecto la declaración de rebeldía, la puso en libertad y la llamó a declarar el próximo 14 de septiembre, fecha en la que la exdiputada de la CUP retornará al Estado español toda vez que poco después decidió volver al país helvético, donde reside. La postura de la anticapitalista llegó de la mano del abogado Iñigo Iruin, exparlamentario de la izquierda abertzale, que intervino también en la entrega de la exconsellera Meritxell Serret. En una nota, Gabriel señala que es “un paso procesal necesario para recuperar una libertad que nunca hubiera tenido que perder, ni yo ni nadie. Responde a una serie de consideraciones, reflexiones y análisis que tienen que ver tanto con el contexto político y judicial general, como también con una serie de circunstancias personales. En coherencia con una serie de responsabilidades profesionales y personales adquiridas, seguiré viviendo y trabajando en el mismo lugar donde lo he hecho los últimos años”, puntualiza la dirigente antisistema.
Gabriel, diputada en el Parlament hasta que resultó destituida por la imposición del artículo 155 de la Constitución española, fue procesada en marzo de 2018 por su posible implicación en la declaración unilateral, un mes después de su marcha, y estaba investigada como autora de un delito de desobediencia, pero no existía ninguna orden europea o internacional de detención y entrega porque dicho delito no lleva aparejada pena de prisión, sino una multa de hasta un año e inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta dos años de duración. Ahora bien, sí existía una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del Supremo con el objetivo, precisamente de tomarle declaración, ante la imposibilidad legal de continuar el procedimiento contra ella sin haberla escuchado antes.
El juez Llarena afirma que Gabriel tendrá la obligación de “comparecer cuantas veces sea llamada”. Además, le ha ordenado que deje un domicilio y teléfono donde pueda ser localizada “inmediatamente”, “con apercibimiento de que cualquier incumplimiento de las obligaciones impuestas conllevaría la modificación de su situación personal”. Un proceder semejante realizó la exconsellera Meritxell Serret para que se entregara también al Supremo procedente de Bruselas, donde estaba desde octubre de 2017.
Respaldo del Govern
Gabriel pisó Madrid en coche y volvió a Suiza por idéntico medio, y allí seguirá como secretaria general del sindicato Unia Genève en la región de Ginebra, cargo para el que fue elegida en noviembre del año pasado. El parlamentario de la CUP Xavier Pellicer explicó que el equipo jurídico de su compañera exigió “claridad” al Supremo para conocer de qué delitos se la acusaba y que al certificar que era por desobediencia se decidió a personarse voluntariamente. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, celebró el paso de Gabriel, a quien definió como “víctima de la represión del 1-O”, antes de expresar toda la “solidaridad” del Ejecutivo “hacia ella y hacia la totalidad de exiliados y represaliados”. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, que coincidió con ella en el exilio, le trasladó este mensaje: “Mucha fuerza, Anna. Te deseo suerte y aciertos en los caminos que vendrán, que seguro que serán en libertad. ¡Todo mi apoyo!”.
Mesa de diálogo
Aragonès abre la puerta a Junts
Aparca el ‘caso Puigdemont’. Pere Aragonès mantiene la puerta abierta a JxCat para que designe a los consellers que considere oportuno para participar en la reunión de la mesa de diálogo que se celebrará la semana que viene. En todo caso, desde el Ejecutivo catalán se recuerda que no sería “la primera vez” que no hay representantes de Junts en este foro de negociación, en alusión a la última reunión, celebrada en Barcelona el pasado septiembre. El equipo de Aragonès descarta que la situación jurídica de Carles Puigdemnont vaya a ser “objeto de debate” en la cumbre con el Gobierno español.
Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, que aceptó los avales del Govern, estimó la solicitud del exconseller Raül Romeva y acordó devolver el depósito de 2,1 millones de euros que ERC realizó como garantía de su presunta responsabilidad contable y la de otros demandados por los gastos de acción exterior de la Generalitat en el procés.
