Victoria provisional para la Generalitat en el conflicto judicial y educativo por la sentencia, al asumir ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la sentencia del 25% es inaplicable en este momento en las aulas catalanas debido a la nueva ley promulgada por el Govern, que blinda la inmersión lingüística y por ahora ha logrado frenar los intentos judiciales de acabar con el sistema educativo íntegramente en catalán.

De esta manera, el TSJC constata la “imposibilidad legal” de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano, porque se contradice con la nueva normativa autonómica sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza. En cualquier caso, el Tribunal Superior no se da por vencido y llevará la ley catalana que blinda la inmersión al Tribunal Constitucional (TC).

El Govern celebró ayer que el TSJC desista por ahora de aplicar el 25%, aunque asume que queda vía judicial con el nuevo recurso al Constitucional. En esa línea, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, destacó que se trata de una “primera victoria” del Ejecutivo catalán. “Es una gran noticia y un primer paso para que en ninguna aula de nuestro país se aplique el 25% del castellano”, reivindicó, antes de afirmar que a partir de ahora se afianza el modelo de inmersión lingüística.

Tras reivindicar la posición mantenida por Junts respecto a no ceder ni un ápice en esta cuestión lingüística y educativa, su portavoz Josep Rius defendió que la decisión del TSJC demuestra que la decisión de conformar un nuevo decreto ley que impidiera la aplicación de las cuotas “era válida para mantener la inmersión, el catalán como lengua vehicular y la protección de los maestros y directores de centro”. También cree que se evidencia la necesidad de “confrontar la sentencia en vez de acatarla, y que la confrontación es la vía para defender” el catalán en las escuelas. “Se han impuesto los criterios pedagógico del Parlament por encima de las cuotas de los tribunales”, zanjó Rius.

Por su parte, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, celebró también como una “victoria” de la política y los consensos que el TSJC haya constatado la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia del 25% en las aulas. “Ha tenido todo el sentido la estrategia y el camino trazado durante los últimos meses”, añadió Vilalta, que destaca que su partido apostara por hacer todo lo posible para proteger el catalán y reconstruir el consenso en el Parlament, y considera que esto ha servido para que el TSJC haya tomado esta decisión: “Este esfuerzo, el no haber tirado la toalla, creer que era posible la reconstrucción de los consensos ha sido la clave para esta victoria parcial”.

Argumentos del TSJC

En su argumentación, el TSJC, aunque renuncia a que se aplique de momento la sentencia del 25%, defiende que la nueva ley de Educación del Govern “suscita serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad” porque a su entender “impide de manera sobrevenida aplicar la sentencia”.

Asimismo, los magistrados del Tribunal Superior admiten que el fallo del 25% es incompatible con el nuevo decreto del Govern que fija explícitamente la “inaplicación” de porcentajes en los proyectos lingüísticos de las escuelas, y con la nueva Ley sobre uso y aprendizaje de lenguas oficiales, que establece el catalán como la lengua normalmente empleada como vehicular y fija el castellano como lengua curricular que se utilizará en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros, sin fijar porcentajes.