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La rebaja extra del transporte vasco exige un pacto interinstitucional

El Gobierno, diputaciones y ayuntamientos se reparten competencias y aún no hay una decisión tomada

vitoria

– El descuento que ha anunciado Sánchez en el transporte público, que alcanzará el 50% en la red estatal y que subvencionará solo hasta el 30% en el caso de las autonomías y ayuntamientos, deja en manos de los gobiernos de cada territorio la decisión de aportar el otro 20% restante de su propio bolsillo. En el caso de la comunidad autónoma vasca, va a requerir una reflexión, probablemente un acuerdo interinstitucional, en la medida en que la distribución competencial es compleja, las diputaciones y ayuntamientos controlan la mayor parte de la red de autobuses, y la gestión del metro en Bizkaia se comparte entre el Gobierno vasco, la Diputación y ayuntamientos.

De manera extraoficial, algunas fuentes consideran que, en realidad, el transporte público ya tiene unos precios razonables, y que el verdadero problema se encuentra en el transporte privado por el coste de la gasolina. En cualquier caso, no descartan que se pueda bajar el precio aportando el 20% que queda para completar la transferencia de fondos del Estado. Eso sí, en caso de que se hiciera, creen que lo más probable es que se haga en todos los territorios a una, para aplicar la medida de manera uniforme. Ese escenario requiere un acuerdo interinstitucional entre las diputaciones, los ayuntamientos y el Gobierno vasco, sobre todo con el protagonismo de las instituciones locales y forales, que son quienes tienen una mayor competencia en el control de la red.

En el caso de la Diputación de Bizkaia, donde además se le suma la participación en Metro Bilbao, las fuentes consultadas aseguran a este periódico que no han tomado una decisión, y que lo que corresponde ahora es estudiar la medida. El Gobierno vasco, por su parte, tendría también que madurar su posición sobre la red de tranvías en Bilbao y Gasteiz. Queda también el caso del Topo en Donostia. La rebaja anunciada por el Gobierno español, en cualquier caso, no entraría en vigor hasta el 1 de septiembre de este año, de manera que queda tiempo para esta deliberación conjunta de las instituciones públicas. – M. Vázquez/NTM