El Ministerio de Igualdad teme que la ley del solo sí es sí, que cambiará la tipificación de los delitos sexuales, esté en peligro ante las distintas visiones que los aliados del Gobierno tienen de la prostitución y presiona al PSOE para aplazar ese debate y abordarlo en otro proyecto legal.
La Comisión de Igualdad estudia este miércoles el dictamen del proyecto de ley de garantía de la libertad sexual y el Ministerio de Irene Montero sospecha que puede haber un acuerdo entre el PSOE y el PP sobre este tema que impida el consenso y ponga en riesgo la ley. Entrevistada en RNE esta tarde, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha confesado que están preocupadas y ha pedido a todos los grupos parlamentarios que reflexionen.
El proyecto que diseñó Igualdad plantea penalizar el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (la tercería locativa). Pero el PSOE, que considera que la prostitución es una forma de violencia sobre las mujeres, quiere ir más allá y en sus enmiendas plantea que se castigue a todo aquel que se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin necesidad de que haya una relación de explotación.
Frente a este planteamiento, fuerzas como ERC, Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP apuestan por suprimir los artículos controvertidos, al poner el énfasis en la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse. Las enmiendas socialistas a este punto podrían salir adelante con apoyo del PP, que, según apuntan a Efe fuentes del grupo parlamentario, aún no ha decidido su voto. Los populares, por otro lado, se oponen a varios de los ejes centrales de la norma.
El PSOE ha hecho bandera en los últimos meses de la abolición de la prostitución, pero Igualdad le ha vuelto a proponer retirar los artículos sobre el proxenetismo y trasladarlos a la futura ley de trata o a otra ley específica. En el Ministerio se insiste en que su objetivo es buscar un acuerdo amplio y se considera fundamental garantizar que España cuenta con una ley de garantía de la libertad sexual, que eliminará en el Código Penal la distinción entre abuso y agresión sexual y hará del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales.
