- La orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a la Conselleria de Educación para que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano ha provocado otra grieta en el independentismo, y de calado además. El plan era aprobar una reforma de la Ley de Política Lingüística para tratar de sortear los porcentajes de catalán y de castellano en las aulas. Sin embargo, Junts anunció ayer que se descuelga de ese acuerdo porque considera que “no tiene consenso político ni con el sector educativo ni con las entidades que defienden el catalán”.
En la práctica, el ala más dura del independentismo ha criticado esta estrategia, que pasa por remodelar la norma de 1998 en un intento de frenar las intenciones del tribunal, que busca la ejecución forzosa del fallo. El portavoz de Junts, Josep Rius, explicó en rueda de prensa que ya habían comunicado su decisión al president de la Generalitat, Pere Aragonès, y a ERC. Añadió que en los próximos días trasladarán al Govern una propuesta “sobre cómo actuar para proteger el catalán”, de la que no quiso dar detalles.
Pese a admitir que en el Parlament existen mayorías alternativas para aprobar la reforma de la ley -ERC, PSC y los comunes podrían sacarla adelante-, Rius dejó claro que Junts no la apoyaría, y evitó concretar cómo afectará esta decisión a la estabilidad del Govern, ya tocada por los continuos choques entre los dos socios, ERC y Junts.
Las reacciones se sucedieron y así ERC puso el grito en el cielo. Su secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta, acusó a JxCat de actuar con “irresponsabilidad y resignación” al desmarcarse de manera definitiva de la reforma de la Ley de Política Lingüística que estas dos formaciones presentaron junto al PSC y los comunes. “Lamentamos que a Junts les pese más el partido que el país -reprochó-. Que tomen las decisiones en función de los intereses personales en lugar de los intereses colectivos del país, como es la defensa del consenso sobre el catalán”, censuró.
La posibilidad de una mayoría alternativa para aprobar la modificación legislativa, si ERC se une a los socialistas y los comunes y deja a un lado al resto del independentismo, provocó ayer una serie de emplazamientos cruzados. En el caso del PSC-Units, su portavoz, Alícia Romero, reclamó a ERC y los comunes que se mantengan en el acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística sobre el catalán en la escuela, pese a que Junts haya decidido desmarcarse. Exigió no jugar con la lengua catalana y que todos los actores estén a la altura, y advirtió de que se requieren miradas largas y no “tacticismos”.
En la misma línea, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, instó a ERC y PSC a llevar adelante esta iniciativa sin Junts. Anunció que ayer mismo se iban a reunir con ambas formaciones para pedirles que se convoque un pleno extraordinario de cara a votar esta modificación de la ley, ya que considera que se trata de una situación de urgencia. “Tenemos que reaccionar ya”, aseveró. Según su parecer, la decisión de Junts era “la crónica de una deserción anunciada”, y criticó que este partido no haya puesto de su parte en la negociación. l
l Proteger a los centros. El conseller de Educación, Josep González-Cambray, aseguró ayer que hará “lo que haga falta para proteger las direcciones de los centros” educativos ante la orden del TSJC de ejecutar en un plazo de dos semanas el fallo que impone al menos un 25% de horas lectivas en castellano. “Lo que tenemos que evitar es que el TSJC se dirija a los centros educativos”, advirtió en una entrevista en TV3. Calificó la sentencia de “esperpéntica” y opinó que se extralimita de las competencias de un tribunal.
