El espionaje al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Pegasus se produjo en dos ocasiones, el 19 y el 31 de mayo de 2021, mientras que el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, resultó infectado en junio, según los informes del Centro Criptológico Nacional que ha adjuntado a su denuncia la Abogacía del Estado.
La extracción de información se produjo en esas fechas y actualmente ninguno de los móviles analizados "presenta indicadores de infección en curso de Pegasus", señalan esos informes a los que hace referencia el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto en el que acuerda abrir una investigación sobre este asunto por descubrimiento y revelación de secretos.
La Abogacía del Estado sustenta su denuncia en el análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa realizados por el CERT Gubernamental Nacional el 30 de abril de 2022, y que han sido aportados junto a la denuncia.
En las fechas en las que se produjo el espionaje, España vivía uno de sus momentos de mayor tensión con Marruecos cuando, el 17 y 18 de mayo, llegaron a las costas de Ceuta 6.000 migrantes de manera ilegal sin que las fuerzas de seguridad marroquí lo impidieran.
Fue la respuesta de Marruecos al ingreso en un hospital español y bajo identidad falsa del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.
Esa crisis se ha dado por cerrada con el viaje en abril de Sánchez a Marruecos, durante el que se entrevistó con el rey marroquí, Mohamed VI.
El juez José Luis Calama trata ahora de averiguar la procedencia de esa intromisión en los móviles de Sánchez y Robles, que sería constitutiva de un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Con ese fin, el juez ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la práctica de las diligencias de investigación que considere convenientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado.
Los hechos denunciados serían competencia de la Audiencia Nacional tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto afectan a altos organismos de la nación, como son el presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa.
