Navarra indemnizará a las víctimas de la violencia policial y del Estado

Las indemnizaciones vienen recogidas en una reforma de ley que los tres grupos que forman el Ejecutivo foral, PSN, Geroa Bai y Podemos, han registrado en el Parlamento. Cuenta con el visto bueno de EH Bildu y de Izquierda-Ezkerra, por lo que su aprobación está garantizada. La nueva ley corrige el texto aprobado en marzo de 2019, en la que se vinculaban las indemnizaciones a las cantidades que estuvieran reconocidas en el Estado. El problema es que la legislación estatal, que sí reconoce a las víctimas del terrorismo, no hace mención a las otras víctimas, por lo que se preveían dificultades para su aplicación en el futuro.

De forma paralela los grupos que sostienen al Ejecutivo foral han acordado también los integrantes que representarán al Parlamento en la comisión de verificación de víctimas de motivación política. Se trata de la profesora de Sociología de la UPNA Marta Rodríguez; el asesor del Departamento de Paz y Convivencia, Mikel Berraondo, del historiador Roldán Jimeno y de la profesora titular de Derecho Penal de la UPNA, Soledad Barber. A ellos se sumarán, como miembros natos, el director de Paz y Convivencia, Martín Zabalza, y el director del Instituto Navarro de la Memoria, José Miguel Gastón. Del grupo de trabajo formarán parte también dos peritos forenses y un psicólogo, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal, con experiencia en materia de víctimas.

Una vez constituida, la Comisión de Reconocimiento y Reparación deberá analizar las solicitudes de petición de condición de víctima de motivación política. Estudiará así casos como los de Mikel Zabalza, Germán Rodríguez, Gladys del Estal o José Luis Cano. Tras analizar la documentación y recabar la información que considere necesaria, deberá decidir quiénes adquieren oficialmente la condición de víctima y, en ese caso, las medidas reparadoras que estimen oportunas. Tanto la modificación de la ley como la elección de los miembros de la comisión irán a pleno del Parlamento a lo largo de mes de mayo. Si los plazos previstos se cumplen, la comisión se constituirá antes de verano, de forma que pueda empezar a hacer sus trabajos a partir de septiembre.

Esta comisión es una de las claves en la Ley de Reconocimiento y Reparación de las víctimas de las otras violencias. La norma inicial, aprobada en 2015, fue anulada por el Constitucional tras un recurso del Gobierno del PP al estimar que invadía competencias del Poder Judicial. El Parlamento aprobó entonces una nueva ley limitando las competencias de la comisión al ámbito administrativo, por lo que finalmente acabó pasando el filtro del Constitucional.

Una vez presentadas las instancias de reconocimiento por aquellas personas o familiares que se consideren víctimas de la violencia policial y del Estado, la comisión deberá resolver en el plazo de un año las solicitudes de reconocimiento de víctima “al amparo del derecho a la verdad configurado en torno al conocimiento, documentación y aclaración de los hechos y circunstancias”. Una vez elaborado el informe, el responsable de Paz y Convivencia tendrá tres meses para dictar resolución. Recientemente el Gobierno Vasco ya reconoció a Mikel Zabalza como víctima de la violencia del Estado.

Ley Foral de Reconocimiento. Busca reparar la memoria de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Fue aprobada en marzo de 2019 y avalada por el Constitucional tras los recursos de PP y de Vox.

Las ayudas. La reforma planteada ahora corrige la redacción para poder hacer efectivas las indemnizaciones y fija su cuantía.

La Comisión. El objetivo de la ley es restaurar las “vulneraciones de derechos humanos” acaecidas en un contexto de “violencia de motivación política”. La Comisión de Reconocimiento y Reparación es el órgano encargado de examinar las solicitudes de reconocimiento de víctima y, en su caso, de proceder a restaurar sus derechos.

Acelerar el proceso. Geroa Bai confía en que la propuesta de modificación de la ley foral de otras víctimas “sirva para acelerar la puesta en marcha de esta norma y atender a las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”. El parlamentario de Geroa Bai Jabi Arakama afirmó ayer que “el objetivo de la modificación propuesta es seguir trabajando y avanzando, como llevamos haciendo desde 2015, para suplir una carencia producida durante años de olvido, y una deuda que desde las instituciones se tenía y se tiene con las familias de estas víctimas”. Arakama señaló que “no fue hasta la legislatura pasada cuando se empezaron a desarrollar de forma estructural y sistemática políticas públicas de memoria, justicia, reconocimiento y reparación”, y defendió que con esta modificación “se da un paso más” porque se concretan las indemnizaciones que recibirán las personas que sean consideradas víctimas por una comisión independiente.