- El pleno del Parlament aprobó ayer presentar una denuncia por el espionaje a más de 60 personas vinculadas al independentismo mediante el programa Pegasus, con los votos a favor de ERC, Junts, PSC, comunes y CUP, y en contra de Vox, C’s y PP. De esta manera, la novedad fue que los de Salvador Illa se sumaran a los grupos soberanistas en esta moción.

La Cámara formulará así una denuncia ante las autoridades judiciales para investigar el seguimiento destapado por el centro de investigación The Citizen Lab y la revista The New Yorker.

El pleno comenzó con la lectura de la declaración de la Junta de Portavoces, que condenó el “espionaje político” y reclamó al Estado español medidas para erradicarlo.

A continuación, el diputado del PSC y secretario primero de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret, afirmó que los socialistas están “absolutamente a favor de esclarecer los hechos” -como lo estuvieron en 2018 y 2020 con otros casos de espionaje, dijo- y que están en contra de cualquier intervención de las comunicaciones que no cuente con amparo legal.

Por parte de ERC, Jordi Orobitg criticó que la ministra Margarita Robles dijera que no conocía The New Yorker, y sostuvo que los diputados de la Cámara catalana que esté en contra de presentar una denuncia “forman parte del problema y no de la solución”.

Por su parte, la diputada de Junts Mònica Sales tachó de escándalo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no haya dado explicaciones sobre el caso y cree que es su última oportunidad para demostrar que su Ejecutivo preserva los derechos humanos: “O comisión, o complicidad”.

El secretario tercero de la Mesa, Carles Riera (CUP), reclamó responsabilidad, veracidad y transparencia, y advirtió de que “no hay motivos para participar de la estabilidad de este marco institucional y jurídico político” ni para mantener relaciones políticas con el Gobierno español con proyectos comunes como los JJOO de Invierno.

En su turno, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, sostuvo que este es “un conflicto entre demócratas y conspiradores, entre el Estado de derecho y el Estado profundo”, y que como parte del Ejecutivo de coalición son los primeros interesados en conocer la verdad, que se depuren responsabilidades y que se produzcan dimisiones.

Por último, los grupos de la derecha y ultraderecha unionista en el Parlament -Vox, Ciudadanos y PP- se posicionaron en contra de la moción que finalmente fue aprobada.