- La Junta de Portavoces del Parlament acordó ayer una declaración en la que condena el “espionaje político” a los dirigentes independentistas y pide al Gobierno español investigar el asunto, algo que contó con el apoyo de ERC, Junts, CUP y los comunes. No así del PSC de Salvador Illa tras presentar varias enmiendas que los partidos soberanistas no aceptaron. Los socialistas exigían que en la parte inicial se sacara del título de la declaración el concepto CatalanGate, además de eliminar una parte del texto que hace hincapié en la represión contra el independentismo, que dice así: “Es evidente que en este caso, el uso de este software sigue enmarcado en la causa general contra el independentismo, iniciada en 2017 para contrarrestar un movimiento pacífico, cívico y democrático”.

En cuanto al final del escrito, pretendían cambiar la alusión referida a “exigir al Gobierno del Estado” por otra que dijera “exigir al Estado” que investigue los hechos, y suprimir igualmente la expresión “disidencia política” por “pensamiento político”. El PSC tampoco veía con buenos ojos el reglón donde se reclama que el Estado adopte medidas para garantizar que ninguna persona pueda ser víctima de “persecución por defender un proyecto político”.

En concreto, la declaración reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez “que investigue con la máxima celeridad y transparencia en los órganos pertinentes, que dé las explicaciones necesarias y se asuman las responsabilidades a todos los niveles pertinentes ante esta práctica ilegal de espionaje contra la disidencia política”. Mediante el texto, la Cámara catalana se compromete a “proteger y preservar los derechos de las personas espiadas, entre ellas diputados de la Cámara, a través también de personarse en las causas que se abran a raíz de las denuncias de las víctimas, entre algunas acciones a emprender”. La declaración asegura que el “caso de ciberespionaje masivo” supone una vulneración flagrante de derechos y manifiesta su solidaridad con las personas afectadas, entre las que recuerda que figuran la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el president Pere Aragonès; sus predecesores Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas; así como otros diputados de la Cámara.

En este escenario, Borràs pidió ayer una “rotura de las relaciones” del Govern con Moncloa como punto de inflexión para “pasar a la siguiente fase” como, a su juicio, contemplaba el acuerdo entre ERC y Junts ante un fracaso de la mesa de diálogo. “¿Cómo puedes dialogar con quien te espía? Quien te espía es evidente que no quiere dialogar, porque espiar es todo lo contrario”, zanjó tras sostener que no se dan las condiciones necesarias para el diálogo, y menos con una herramienta contemplada como “una trampa, un producto muy pensado en su momento para conseguir la investidura” de Pedro Sánchez. La líder de JxCat equiparó el posicionamiento de los gobiernos de PP y del PSOE ante el independentismo, ante lo que demandó unidad: “Los gobiernos españoles, sean del PP o sean del PSOE, se comportan exactamente igual en la lucha contra el independentismo catalán”.

Querella. Òmnium se querellará en cuatro Estados de Europa, aparte del Estado español, contra la empresa israelí impulsora del sistema Pegasus -NSO Group-. Denuncia 22 ataques: uno, una semana antes de que la Guardia Civil entrara a su sede; y otro, una semana antes del juicio en el Supremo por el procés.