- Las instituciones catalanas se están volcando para esclarecer el caso de espionaje a cargos soberanistas. Por un lado, el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, ha abierto una investigación de oficio y, por otro lado, la Mesa del Parlament ha encargado a sus servicios jurídicos que estudien la mejor fórmula para que la Cámara “acompañe judicialmente” las causas por el presunto espionaje a dirigentes independentistas a través del programa Pegasus. Esto da una medida de la gravedad de la polémica en Catalunya y de la forma en la que puede condicionar las relaciones con el Gobierno español de Pedro Sánchez tras una temporada de aparente deshielo.

Fuentes parlamentarias han detallado que los letrados estudiarán el “mejor mecanismo” ante este caso, que podría consistir en la presentación de una denuncia por parte del Parlament u optar por sumarse a otras denuncias, entre otras opciones. Las mismas fuentes han destacado que el próximo pleno incorporará un punto para votar la acción que pueda emprender el Parlament.

Han resaltado que 25 de las 65 personas afectadas por este presunto espionaje son o han sido diputados del Parlament, y han asegurado que se ha encargado a los servicios jurídicos estudiar el caso con el acuerdo de toda la Mesa, formada por Junts, ERC, PSC-Units y la CUP.

Estas fuentes parlamentarias han señalado que los móviles del Parlament no permiten acreditar si han sido espiados a causa de su sistema operativo, por lo que desconocen si hay más afectados al margen de estas 25 personas.

Por otro lado, el Síndic de Greuges en funciones, Rafael Ribó, abrió ayer una actuación de oficio ante el caso destapado por la entidad Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto. Aunque la investigación de Citizen Lab no ha identificado la autoría de los presuntos espionajes, el programa de espionaje solo se vende a estados, de manera que el Síndic se ha dirigido al defensor del pueblo para “que valore la oportunidad de iniciar una investigación sobre un eventual uso de este software por parte de algún organismo del Estado”. También se ha dirigido a la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya y al Departamento de Interior.