Desde que el Gobierno español presentó su plan normativo con la intención de aprobar 368 leyes y reales decretos este año, sus planteamientos siguen envueltos en la nebulosa más absoluta, y ni siquiera sus socios de investidura tienen grandes pistas sobre el contenido de esas propuestas más allá de los titulares. Esto es así a pesar de que buena parte de las propuestas tienen visos de desembocar en conflictos competenciales y en arduas negociaciones con socios de investidura como el PNV.
Los jeltzales ya alertaron de que las leyes para cohesionar el sistema sanitario o los servicios sociales no pintan demasiado bien a la espera de conocer su contenido, en la medida en que las comunidades autónomas tienen transferidas esas competencias y el propio Gobierno español anunció su vocación de uniformizar servicios, con una cartera mínima en todo el Estado.
El PNV registró una batería con 68 preguntas, pero ha obtenido como respuesta 104 páginas que podrían haberse resumido en dos. En la mayor parte de los casos, en unas 70 de las 104 páginas, se limitan a calcar una respuesta modelo que remite al Portal de Transparencia para estar al corriente, sin aportar ningún link; y no se proporcionan fechas con el argumento de que depende del volumen de observaciones que lleguen en el trámite de consulta previa o porque el proyecto está en una fase inicial. Son 70 páginas idénticas. En otros casos se remiten a páginas web para consultar borradores. Solo se ofrecen más datos en la legislación sobre la Inspección Técnica de Vehículos, donde remiten a un link con un borrador y dicen que se aprobará en Consejo de Ministros en julio de 2022.
RESPUESTAS "TOTALMENTE INSATISFACTORIAS"
Las preguntas las remitió la diputada en el Congreso Josune Gorospe, y solicitaba en ellas una copia del borrador de las leyes, las fechas y detalles sobre el estado de su tramitación. Estas preguntas por escrito las presentó para arrojar luz sobre el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022, aprobado el pasado 11 de enero.
Fuentes del grupo jeltzale en el Congreso consultadas por este periódico recuerdan que, una vez analizado ese plan y constatada la escasa información acerca de cada uno de los proyectos de ley, decretos legislativos o decretos leyes que se pretenden aprobar este año, el PNV decidió presentar 68 preguntas, como ya informó este periódico. Quedaba por conocer la respuesta del Gobierno español. “Lamentablemente, las respuestas recibidas han sido totalmente insatisfactorias. Con una salvedad, el Ejecutivo español no ha aportado información relevante y ha contestado a las preguntas suscitadas con evasivas”, critican. Solo ven concreción en una de las normas, la referida a la ITV.
Gorospe había registrado preguntas sobre las áreas que lleva en el Congreso, y que hacen referencia a la sanidad y el consumo, la educación y la formación profesional; y la ciencia, la innovación y las universidades. No se preguntó sobre todos los puntos del plan normativo. Pero sí sobre algunos de los puntos más espinosos, que se refieren a las leyes de creación del centro estatal de salud pública y de cohesión del sistema nacional de salud. En esos puntos, no se aporta nada concluyente. Eran leyes que preocupaban al PNV por su potencial carácter recentralizador, pero la incógnita sigue sin resolverse.
OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL SOCIO
La exigencia de información no era una petición desmesurada o fuera de lugar que pudiera sorprender a Sánchez, ya que el PNV es un socio de investidura y su acuerdo compromete al socialista a mantener informado con carácter previo al grupo jeltzale. El primer punto de su pacto de investidura reza que deben “mantener una comunicación fluida y constante con EAJ-PNV, dando a conocer con antelación suficiente los proyectos e iniciativas que el Gobierno desee impulsar, comprometiéndose, además, a llegar a un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia”.
Conocer las propuestas a posteriori no es el escenario ideal para el PNV, puesto que obliga a tratar de reconducir el choque en negociaciones parlamentarias que se suelen dilatar hasta el último minuto y con tensiones y desconfianzas que podrían ahorrarse con un ejercicio de diálogo previo. Estos choques se han dado también con las leyes que afectan al sector audiovisual y a las entidades de previsión social voluntaria, y se han reconducido en negociaciones posteriores. No ha sido así con las de vivienda y deporte.
EL PLAN EXPRÉS DEL PSOE Y UNIDAS PODEMOS
Lo que sobrevuela en esta polémica es que el Gobierno español ha presentado su plan priorizando su deseo de sacarlo adelante. En él aparecen leyes de calado social importantes para el PSOE y Unidas Podemos, sobre todo en puertas del ciclo electoral que se avecina en el Estado, pero vuelven a pisar el charco del reparto de competencias con las comunidades.
El plan despertó las suspicacias del PNV en cuanto al contenido y las formas. Sobre el contenido, aparece la Ley para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que según el propio Gobierno español “garantiza la homogeneidad de los servicios sanitarios en todo el territorio”, o la Ley de Servicios Sociales, “para garantizar una cartera mínima en todo el territorio”. Sobre las formas, se recogen 92 leyes y 276 decretos, lo que aboca a lanzar uno al día y complica la búsqueda de consensos. Un diálogo que, por ahora, tampoco se ha practicado con estas respuestas lacónicas al PNV.
