- El PSOE está dispuesto a poner en marcha la comisión parlamentaria que puede acceder a secretos oficiales y espera que los vetos cruzados entre partidos no lo impidan. Tras más de dos años de legislatura, el Congreso sigue sin constituirla y durante todo este tiempo no se está ejerciendo el control parlamentario sobre el uso de fondos reservados y sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. “Nuestra voluntad siempre ha sido alcanzar un entendimiento con todos los grupos y se la hemos trasladado al PP”, aseguraba ayer el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, quien cuestionaba la voluntad de los demás partidos para poner en marcha la comisión.

Según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet. Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no parece propicio. Así, para que Esquerra o EH Bildu puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede lograr ese mínimo de 210.

Visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión, por lo que necesitan la ayuda del PSOE y de Unidas Podemos, que son poco partidarios de facilitarles las cosas.

Así, mientras el Congreso llama a la transparencia y la rendición de cuentas, el pasado 3 de marzo se cumplieron tres años de la última reunión de esta comisión parlamentaria, hace ya dos legislaturas.