- Más allá del ruido generado en torno al futuro de la fiscal general, Pilar Llop también tuvo ocasión de analizar con su homóloga vasca varias cuestiones relativas a la mejora de la administración de Justicia. La ministra anunció ante Beatriz Artolazabal que de los 410 millones de los fondos Next Generation transferidos a las comunidades autónomas para el área de Justicia, el Gobierno Vasco recibirá más de ocho, que se destinarán sobre todo a proyectos de digitalización.
Antes de participar en la entrega en Gasteiz de las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, visitar el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y ser recibida ya por la tarde por el lehendakari Urkullu, Llop dio cuenta de una cita en la que tuvo ocasión de hablar con Artolazabal de cuestiones como el Plan Justicia 2030 y el plan que ha desarrollado el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, “alineado absolutamente”, dijo, con el plan elaborado por el Gobierno español.
La ministra también explicó que en el encuentro con la consejera valoraron la última Conferencia Sectorial, donde se aprobaron los criterios de reparto de fondos para 2022 y 2023, y abordaron otros proyectos como el de Eficiencia Digital y la Ley de eficiencia organizativa y procesal. En el caso de esta última, explicó que la charla se centró en el “despliegue” de las nuevas oficinas judiciales y en el desarrollo por parte de las comunidades de la Directiva Whistleblowing, que encauza los canales externos de información para los informantes de corrupción en los ámbitos privado y público.
