- El PSOE achicó ayer agua y cerró filas ante una nueva polémica que le enfrenta a la mayoría del Congreso. También al grueso del llamado bloque de investidura. También a su propio socio en el Gobierno, Unidas Podemos.

Tras conocerse la intención del Grupo Socialista de impulsar una ley concursal que convertiría a la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en fiscal de sala del Tribunal Supremo cuando deje el cargo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, visitaba ayer Gasteiz.

Llop enmarcó esta iniciativa dentro de la normalidad parlamentaria defendiendo que responde a una recomendación de un Grupo de Estados Contra la Corrupción -el GRECO- y asegurando que es “una medida necesaria para garantizar la independencia y mayor autonomía” de la persona que ejerza este cargo. No es una medida ad hoc, sino un mero intento de “agilizar el trámite administrativo” pensado para alumbrar un mecanismo que se aplique después a cualquier persona que pueda desempeñar este cargo y no solo ahora a Delgado, aseguró la ministra tras entrevistarse con la consejera vasca de Justicia, Beatriz Artolazabal.

Sin embargo, estas explicaciones no sofocaron la crítica con la que acogieron esta propuesta la mayoría de los partidos. Ni siquiera la de Unidas Podemos, compañero de los socialistas en Moncloa, a los que una vez más, una iniciativa de sus socios volvió a pillar con el pie cambiado. “Nosotros no estábamos informados”. “Estamos sorprendidos” ante un movimiento cuanto menos “extraño que no vamos a apoyar”, dijo el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Aprovechar la ley concursal para “colar un ascenso” para Delgado supone “una aberración jurídica”, añadió sin ambages el diputado vizcaíno de la formación morada Roberto Uriarte. “Es una medida que se tiene que aplicar de alguna manera, tenemos que garantizar mecanismos que doten también de transparencia a todas las personas que tienen una responsabilidad importante”, matizaban desde En Comú Podem, formación que sí compartió la crítica a las formas.

“Teniendo en cuenta las explicaciones que han dado, creo que no tiene el camino en absoluto asegurado”, subrayaba desde Más País Iñigo Errejón, que sin entrar a valorar el fondo de la iniciativa, sí dijo que el Gobierno tendrá que dar “más detalles, con más cuidado y con más transparencia” si quiere buscar apoyos a esta vía. “Las formas son lamentables. Son trampas. Sorprende mucho que no lo supieran ni sus socios de Podemos”, censuraba desde ERC Gabriel Rufián.

Más allá de esta nueva discrepancia con los socios de investidura de Pedro Sánchez, el PP también arremetía con todo advirtiendo al PSOE de que o retira la propuesta o votarán en contra de su ley. “No es verdad” que el GRECO diga nada al respecto, alegó el portavoz popular de Justicia Luis Santamaría, quien criticó el secretismo y la falta de debate que ha precedido a este anuncio. “Es una prueba más de que el Gobierno no protege a los españoles, sino a los socialistas ante su inminente salida del Gobierno”, aseguró el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, mientras que para Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, es “inaudito” que se aproveche “una ley muy importante, muy delicada” para “asegurar una puerta giratoria a la fiscal general”.

El debate salió incluso de la arena política para alcanzar a las asociaciones directamente implicadas. Así, mientras la Asociación de Fiscales coincidía con el PP en que la propuesta parece una “enmienda ad hoc” para Delgado, la Unión Progresista de Fiscales lo negaba recordando que ya se planteó en 2019 cuando María José Segarra accedió al puesto de fiscal general en la misma situación que Delgado, sin ser fiscal de sala. Por su parte, la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales subrayaba que “hay salidas para quien cesa como fiscal general sin necesidad de alterar el escalafón de la Carrera Fiscal y sin politizar la Fiscalía”.

“Aprovechar la ley concursal para colar este ascenso es una aberración jurídica”

Diputado de Unidas Podemos