- El pacto educativo sigue cubriendo todas las etapas sin sobresaltos y con un amplio consenso entre PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. La comisión de Educación votó ayer el informe que recoge las aportaciones de un centenar de expertos y las alegaciones de los grupos, y lo hizo con el voto a favor de los cuatro partidos del acuerdo. El texto siguió adelante a pesar de la ausencia de PP+C’s a modo de protesta, y el voto en contra de la única representante de la ultraderecha de Vox. Los grupos del acuerdo pusieron en valor cuestiones como las medidas para evitar la segregación del alumnado migrante y vulnerable, y pusieron los carriles para que el día 7 de abril se apruebe este texto de manera definitiva en el pleno del Parlamento Vasco con un consenso del 91%. El PNV subrayó la amplia legitimidad de esta entente, y EH Bildu realizó una defensa enérgica de su contenido frente a los “bulos”, al tiempo que puso sobre la mesa el aval de Save the Children.

Este texto lo tomará como base el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, para aprobar el proyecto de la nueva ley en otoño, en octubre a ser posible. Desde el PNV, Leixuri Arrizabalaga ensalzó el “amplio” consenso aunque no sea “de la satisfacción de todos los grupos”. En cualquier caso, avisó de que “no se puede poner en duda la legitimidad del acuerdo”, que se ha cumplido el reglamento y que algunos partidos han tratado de vetar siglas políticas que han participado en esta alianza. Cabe recordar que el PP trató de retrasar el pacto y la votación de alegaciones con el argumento de que las enmiendas de EH Bildu se habían traducido tarde al castellano. Arrizabalaga recalcó que este acuerdo va a “dar estabilidad” a la ley, en base a criterios como una educación “de calidad, que haga de su base la integración, plurilingüe, con reconocimiento a la escuela pública, y el euskera como eje”.

Desde EH Bildu, Ikoitz Arrese admitió que pueden existir distintas opiniones, pero “no es de recibo difundir bulos”. Puso en valor las medidas contra la segregación, como la creación de oficinas municipales de matriculación, o el Índice de Complejidad Educativa, además de la apuesta por consensuar un pacto contra la segregación en 2023, con los agentes educativos.

Desde el PSE, José Antonio Pastor dijo que el borrador “desdibujaba” el papel de la pública y que los socialistas lo recondujeron. Sobre la política lingüística, habló de que “las dos lenguas oficiales y una tercera tendrán carácter vehicular o de aprendizaje”. Los alumnos deberán alcanzar un perfil B2 en la lengua vasca y en castellano. En Elkarrekin Podemos-IU, Iñigo Martínez dijo que el pacto incluye las “líneas generales” de la coalición para conseguir un sistema educativo público. En PP+C’s, José Manuel Gil vio descortesía parlamentaria y un acuerdo solo entre “nacionalistas y pseudonacionalistas”.