- El acuerdo que ha alcanzado el PP con Vox en Castilla y León ha permitido que la ultraderecha escale un peldaño más. Vox entrará de lleno con tres consejerías en un gobierno que, además, es limítrofe con Euskadi. Este acuerdo, que podría brindar a Vox una mayor capacidad de presión y de condicionar las políticas en Castilla y León, se ha recibido con críticas en la comunidad autónoma vasca, donde existe una mayoría social muy amplia a favor de aislar a esta formación con un cordón sanitario.

A nivel político, en cualquier caso, parece complicado que este nuevo escenario pueda tener un efecto contagio o provocar un vuelco electoral en el Parlamento Vasco. Vox cuenta con un solo escaño por Araba, vive una situación de aislamiento político y no tiene capacidad para condicionar ninguna mayoría, lo que limita su crecimiento. Su entrada en el gobierno de Castilla y León sí va a provocar una situación inédita en las relaciones institucionales del Gobierno vasco, que tendrá que gestionar sus protocolos con la Junta y sobre Trebiñu con un gabinete que tendrá tres consejerías de Vox y una con rango de vicepresidencia.

La relación es, sobre todo, sanitaria, un área que no será gestionada por Vox. Sí se apunta que la ultraderecha ha solicitado la cartera de Industria, donde todavía queda pendiente sellar un convenio con Euskadi sobre el área de influencia de la central nuclear de Garoña, para combatir la despoblación y las consecuencias económicas de su cierre. Desde Lehendakaritza no realizan aún ninguna valoración ni anticipan cuál puede ser la relación con los consejeros de Vox porque sería precipitado, aunque sí aclaran que la relación con la Junta es sobre todo sanitaria, y que, de todos modos, el lehendakari se ha ajustado a su deber institucional: por ejemplo, no se ha negado a recibir a la parlamentaria Amaia Martínez. En la práctica, eso sí, no se han reunido porque es ella quien se niega.

La ultraderecha obtuvo 17.500 votos en las elecciones autonómicas vascas celebradas en julio de 2020. Aunque el mayor número de papeletas lo consiguió en Bizkaia con 8.815, el escaño lo obtuvo por Araba con 4.734, debido a que el territorio alavés cuenta con menor población y, sin embargo, reparte el mismo número de actas. Ese 3,81% de votos en Araba le reportó su único asiento en el Parlamento. En Gipuzkoa, respaldaron a este partido 4.020 personas. Esta representación está muy lejos de su llamativa irrupción en el Congreso de los Diputados o en comunidades como la propia Castilla y León, donde ha pasado de un solo representante a tener 13.

En el caso vasco, la situación de Vox se asemeja a la que hace poco vivía UPyD, también con un solo representante y defendiendo posiciones antiforalistas que lo relegaban a la irrelevancia. En otras comunidades, Vox se ha nutrido de los respaldos del PP. En Euskadi, los populares hacen la lectura de que, por la defensa del Concierto Económico desde el PP, la fuga hacia Vox es menor y se produce en mayor medida hacia el PNV.

El escaño de la ultraderecha no es decisivo desde el punto de vista aritmético para conformar mayorías y, además, Amaia Martínez está aislada políticamente. Su principal y única baza es el recurso al Tribunal Constitucional. Utilizando su representación en el Estado, los más de cincuenta escaños en el Congreso que le permiten presentar recursos ante este tribunal, ha actuado contra la Ley Antipandemia vasca y el euskera en los ayuntamientos. El pasado viernes, este tribunal, que ya se había mostrado próximo a sus tesis en debates como el estado de alarma, anulaba el acuerdo parlamentario que recorta sus tiempos de intervención y su cuota de iniciativas. Esta sentencia debe ser estudiada por el Parlamento antes de tomar una decisión pero, aunque se acate, su situación sería similar a la de UPyD en el pasado y su capacidad para condicionar el debate seguirá siendo limitada por su marginación.

La comunidad autónoma vasca y Castilla y León son limítrofes. Además, tienen que mantener protocolos de colaboración que son inevitables en el caso del condado de Trebiñu, para asegurar cuestiones vitales para sus ciudadanos como la asistencia sanitaria, y evitar cualquier descoordinación con desenlaces fatales. La cuestión de Trebiñu fue en el pasado motivo de disputa y recelos en ámbitos estatales, pero ahora es un debate que no vende, y la desafección parece ser mutua porque la abstención alcanzó el 60% en el condado en las elecciones de Castilla y León. No parece que por ahí puedan venir fricciones y, además, sanidad no estará en manos de Vox. Es cierto que el protocolo va más allá y abarca servicios culturales, pero la relación se canaliza también a través de la Diputación de Burgos.

Hay protocolos, pero no tantas fotos, y el lehendakari no se ha reunido con el presidente Mañueco. Sí se firmó un protocolo general de colaboración con Castilla y León en 2021 que abarca la atención sanitaria, protección civil, industria e infraestructuras, entre otras. El acuerdo está aprobado, pero el acto se suspendió por las elecciones. Se especula con que Vox se lleve consejerías como la de Industria, aunque lo haría con expertos externos, según dice. En el caso de la industria, el año pasado aún se dialogaba a varias bandas, entre el Gobierno español, el vasco y la Junta para cerrar un convenio y minimizar el impacto del cierre de Garoña.

Parlamento

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, se felicitó ayer por la “buena noticia” que supone para su partido que el Tribunal Constitucional le reconozca sus derechos en los turnos de intervención y de presentación de iniciativas, y espera que la Mesa de la Cámara se reúna y le devuelva esos derechos, según consideró en Radio Euskadi. El jeltzale José Antonio Suso recordó que aún no conocen el contenido de la sentencia y que el Parlamento actuó en su momento “con los informes de los letrados”. Se apunta al acatamiento pero, desde el punto de vista político, EH Bildu, con Mikel Otero, anunció que no van a modificar su actitud y pidió que Vox siga siendo “marginal”. El PSE participará o no en los debates de Vox caso por caso, al igual que Elkarrekin Podemos-IU. Solo PP+C’s criticó el aislamiento.

Policía

Vox se concentró ayer ante la Jefatura de la Policía española de Bilbao como “acto de desagravio” por una marcha de Sortu en febrero. Anunció que responderán a sus actos.