Decía Andoni Ortuzar que la negociación de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital ha sido un dolor para él. Ha coleado durante un año y medio, ha tensionado las relaciones con el Gobierno español, y ha complicado en extremo hacer un ejercicio de abstracción y avanzar con otras transferencias que no fueran esa. Una vez superado ese obstáculo, se espera que la treintena de transferencias del calendario tomen otra velocidad. Pero la negociación se enfrenta ahora a otras dificultades relacionadas con las materias que el Estado siempre ha considerado de interés general o especialmente delicadas (puertos, aeropuertos o las áreas relacionadas con la Seguridad Social, aunque aparecen en el Estatuto de Gernika y son ley).
En cualquier transferencia, el Gobierno vasco ha visto históricamente una resistencia en los funcionarios, pero en estas materias el pulso se prevé más intenso y harán falta grandes dosis de voluntad política.
MÉTODO "INSISTENCIALISTA"
En este contexto, la diputada jeltzale Josune Gorospe ha asegurado este viernes que el PNV seguirá aplicándose con el “método insistencialista: seguir insistiendo en que se tienen que cumplir todas las transferencias del Estatuto y aquellas nuevas que hayan podido surgir por el nuevo escenario político o como consecuencia de directivas europeas”. “Veremos si en los próximos meses conseguimos que se vayan desatascando otras”, dijo en Radio Popular-Herri Irratia.
Cuando se le preguntó por las materias de la Seguridad Social, vistas las resistencias con el IMV, reconoció que es “complicado” porque es “una decisión de orden político, el último puntito que tienen en el País Vasco, y probablemente eso hace que no muestren mucha voluntad de transferirlo como está previsto, argumentando razones técnicas”.
LAS INFRAESTRUCTURAS CLAVE Y LA SEGURIDAD SOCIAL
El vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, leía la transferencia del IMV como un primer paso que abre la vía para acordar las materias que tienen relación con la Seguridad Social. Hay varias en el calendario, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (reconocimiento de prestaciones, incapacidad permanente, jubilación, cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave, etc), la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo, la ampliación del traspaso sobre la Inspección de Trabajo, o el fondo de garantía salarial que paga los sueldos pendientes en las empresas en quiebra.
Por otro lado, el traspaso de los aeropuertos de Loiu, Hondarribia y Foronda se enfrenta ahora al proceso de privatización de Aena, además de los recelos que mantiene también el Gobierno de Sánchez.
En cuanto a los puertos, el Estado ha esgrimido históricamente razones de interés general. El traspaso afectaría a Pasaia, determinante para establecer conexiones con la plataforma de Lezo, y Bilbao. En el capítulo de los trenes de cercanías se han esgrimido antes razones similares, aunque el traspaso está ahora en negociación y ya hay una contraoferta del Gobierno vasco. Hasta la fecha, únicamente se han transferido dos líneas que circulan íntegramente por suelo vasco en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo).
