- Ni las víctimas de ETA ni las personas acosadas por ser policías o guardias civiles pueden acogerse, “en ningún caso”, a la condición de víctimas de abusos policiales recogida en la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política, según señaló ayer la consejera de Justicia del Gobierno Vasco. Beatriz Artolazabal avanzó que de las 1.220 solicitudes recibidas por el Ejecutivo para acogerse a esta ley, 563 ya han sido resueltas. 460 han sido desestimadas por corresponder a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, y otras 50 por provenir de víctimas de ETA.

“No son vulneraciones provocadas por el uso ilegítimo de la violencia estatal ni existe un nexo con la actuación de los poderes del Estado”, argumentó la consejera, quien deseó que estas personas “no se sientan molestas por no haber sido reconocidas”, pese a que, insistió, “la ley es bien clara”. Artolazabal recordó que las víctimas del terrorismo cuentan con una ley especifica desde 2008, pese a lo cual se ha producido un aluvión de solicitudes de agentes, frente a una llamativamente escasa cantidad de peticiones por parte de personas que sí encajan en el espíritu de esta ley. En ese sentido cabe recordar que un informe del Gobierno Vasco cifraba, por ejemplo, en más de 4.000 los casos de torturas en Euskadi.

“El Gobierno ha remitido comunicación a todas las víctimas que pudieran estar relacionadas con la ley para presentar esta demanda, todas, repito, todas han recibido la comunicación”, afirmaba la consejera. A su juicio, el miedo la revictimización o el deseo de no recordar lo padecido puede estar en parte detrás de esta reducida cifra de 1.220 solicitudes.

Las resoluciones a las peticiones para acogerse a esta ley son resueltas por una Comisión de Valoración “conformada por agentes de reconocido prestigio y experiencia que necesitan un tiempo para acreditar o no la condición de víctimas en base a la ley 12/2016”, señaló Artolazabal, que subrayó lo “arduo y laborioso” del trabajo de estos expertos y pidió “dejarles trabajar”. El pasado mes de junio ya se reconoció a 35 de estas víctimas de abusos policiales.

En relación al malestar que ha generado entre ciertos sectores de las fuerzas policiales la exclusión de las solicitudes de agentes destinados en Euskadi, Artolazabal hizo mención al Informe sobre la injusticia padecida por los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA, realizado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y presentado la semana pasada.

“El informe fue claro, y yo también fui clara a la hora de denunciar las actuaciones que sufrieron por el mero hecho de pertenecer a un cuerpo policial”, señaló la consejera, que sin embargo insistió en que el “espíritu” de la Ley de abusos policiales “es claro y meridiano” con respecto a los supuestos que recoge.

“Discriminar y segregar a estas víctimas (de las FSE) en una norma que pretende la reparación de todos aquellos que vieron sus derechos vulnerados en aquellos años supondría la comisión de una injusticia más”, declaró por su parte ayer el secretario de Comunicación de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), Agustín Leal, según informa Efe.

Leal consideró además que “no tendría mucho sentido” que “solo unos días después” de que la consejera calificara de “intolerable” el sufrimiento de los guardias civiles y policías nacionales en Euskadi mientras ETA estuvo activa, “de nuevo se volviese a abandonar” a estos agentes y sus familias.

Por otro lado, Artolazabal aludió al encuentro que mantuvo el miércoles en Gasteiz con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, del que el Gobierno no dio cuenta y que la AVT hizo público. “Hablamos de muchas cosas y no las voy a trasladar porque deben ser resguardadas para seguir construyendo esa confianza en la que venimos trabajando desde hace tiempo con la AVT”, señaló la consejera.

La asociación le pidió que la colaboración con la justicia sea tenida en cuenta a la hora de valorar progresiones de grado de las personas reclusas, “un deseo compartido por ambas partes”, dijo Artolazabal, pero “difícil de llevar adelante”.