Isabel Díaz Ayuso es una presidenta mediática. Las cámaras y los medios de comunicación saben que sus intervenciones son un filón de titulares y que los busca de manera deliberada. La popular arrasó en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid con una estrategia basada en su idea de libertad y en tratar de identificarse con el hartazgo de los ciudadanos ante las restricciones por el coronavirus. Pero también tenía cierto aroma identitario a su manera, con un madrileñismo que, en los últimos tres meses, la presidenta ha espoleado a través de una confrontación directa y especialmente notoria con la comunidad autónoma vasca. Aunque no haya tenido choques en exclusiva con el Gobierno vasco, ningún otro rifirrafe ha atraído tanta atención.

Ayuso y el lehendakari, Iñigo Urkullu, han escenificado en público sus diferencias por las rebajas de impuestos en la Comunidad de Madrid, que se perciben como un ejercicio de competencia desleal desde otras comunidades y que el lehendakari rechaza muy en concreto por considerarlos una muestra de neoliberalismo exacerbado y un caldo de cultivo para recortar servicios públicos. También han saltado chispas por el recurso de la presidenta madrileña contra el reparto de fondos europeos a cuatro territorios, entre los que se sitúan la comunidad autónoma vasca y Nafarroa. Según las fuentes consultadas por este periódico, la única interlocución que han tenido el lehendakari y la presidenta se remonta dos años atrás. Fue en marzo de 2020, cuando Ayuso llamó a Urkullu para abordar la situación de los colegios y la enseñanza presencial tras el estallido del coronavirus.

Han pasado casi dos años. Desde entonces, han coincidido en las conferencias de presidentes convocadas por Sánchez, pero todas las discrepancias se han despachado con declaraciones públicas y con el recurso judicial de Ayuso. También han valorado la opción de recurrir otras comunidades del PP como Galicia y Castilla y León, pero no se ha concretado, el nivel de confrontación en ese caso no ha escalado tantas posiciones y existen cauces de cooperación. De hecho, la brecha con Ayuso es una situación que contrasta con la interlocución y los protocolos de colaboración que tiene Urkullu con otros presidentes autonómicos, incluso del propio PP.

LOS DOS CHOQUES

El origen de la disputa se remonta a 2020, con el acuerdo presupuestario entre ERC y el Gobierno español, que encerraba algunas cláusulas sobre la reforma fiscal. Gabriel Rufián anunció entonces que la intención de su partido era poner fin al paraíso fiscal madrileño y al dumping de Ayuso. Estas críticas fueron secundadas desde otras comunidades. La presidenta de Madrid continuó desplegando una agresiva política fiscal, rebajó el IRPF y suprimió tres tributos menores. El pasado noviembre, Urkullu se desmarcaba de ese modelo por considerarlo neoliberal y un riesgo para la calidad de los servicios públicos porque, con menos recursos, se pierde capacidad inversora en salud o educación.

En esta polémica sobrevolaba la competencia desleal: Madrid podría atraer a contribuyentes y empresas vascas con esta práctica que no necesitaría tanto, en la medida en que ya es una comunidad atractiva por alojar la capital del Estado, y además, puede permitirse una menor recaudación porque tiene a su disposición los fondos de rescate del Estado (fondos de liquidez autonómica) cuando la situación se tuerce. Euskadi tiene un sistema de riesgo unilateral con el Concierto Económico y no cuenta con esa opción. Urkullu habló de dumping. Ayuso contraatacó: "Nos miran con envidia y nos critican con agravio". Para añadir más gasolina al fuego, PP+C's llevó las rebajas fiscales a la mesa presupuestaria vasca, que no tuvo ningún recorrido con ellos.

La tensión ha resurgido en enero con el recurso judicial de Ayuso contra el reparto de fondos europeos. En realidad, el tiro iba dirigido al Gobierno español para acusarlo de favoritismo, pero las víctimas colaterales son cuatro comunidades y ha dado pie a una nueva polémica con Euskadi. En concreto, quiere tumbar una remesa de fondos de recuperación europeos adjudicada por el Gobierno español a la CAV, Nafarroa, Valencia y Extremadura para proyectos relacionados con colectivos vulnerables o microempresas y emprendimiento joven. Urkullu argumentó que la comunidad que preside, lejos de verse beneficiada, ha recibido el 3,5% de los fondos cuando, en virtud del PIB o el Concierto Económico, le podría haber correspondido hasta un 6,24%.

DEL PP, PSOE O ERC

Aunque también Galicia y Castilla y León han arremetido contra el reparto, la situación es diferente. En Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, del ala moderada del PP y con un estilo más alejado de la confrontación pública, Urkullu llegó a estar en contacto para situar la fecha de las elecciones vascas y gallegas en el 12 de julio de 2020, en un momento valle de la pandemia. Años atrás, estuvieron en contacto para abordar la situación de los astilleros, y de manera más reciente han compartido críticas a Sánchez por su resistencia a tomar decisiones contra la pandemia o legislar. Con Castilla y León, las fuentes consultadas dicen que estaba previsto firmar un convenio de colaboración, pero se aplazó por las elecciones del 13 de febrero.

También se han visto imágenes prácticamente de hermandad entre el lehendakari y otros presidentes con los que no cabía esperar un nivel tan elevado de sintonía. Así sucedió en diciembre, con el president catalán, Pere Aragonès, de ERC. Ambos escenificaron el deshielo en sus relaciones tras una fase de cierta tensión con el expresident Puigdemont por la mediación fallida de Urkullu tras el referéndum de independencia. En el caso de Nafarroa, pese al relevo de Uxue Barkos (Geroa Bai) por la socialista María Chivite, se mantuvo la colaboración e incluso se amplió el protocolo a 29 áreas, casi todos los ámbitos de gestión de un gobierno.

De hecho, con otros mandatarios socialistas como el valenciano Ximo Puig y la balear Francina Armengol, pese a la distancia que los separa en el modelo de Estado, han compartido la apuesta por dotar a las comunidades de un mayor papel en la toma de decisiones en Europa. Forman parte de la iniciativa RLEG liderada por Urkullu junto a otros territorios europeos. Con ellos y con la Cantabria de Revilla, o La Rioja de Concha Andreu, Urkullu se ha mantenido en estrecho contacto para abordar las restricciones contra el covid. También mencionan la interlocución con Castilla-La Mancha. Algo más descolgada queda Andalucía, del PP, pero las fuentes consultadas lo atribuyen a un problema de lejanía, que no es propicia para sinergias. Ayuso, presidenta de la comunidad que alberga la capital del Estado y acumula gran parte de la riqueza, se sitúa en cola.

La normalidad con otras comunidades

  • María Chivite. Pacto histórico sobre 29 áreas. Lazos. Existía incertidumbre sobre la colaboración entre la CAV y Nafarroa tras el relevo de Uxue Barkos en la presidencia foral. Barkos, de Geroa Bai y de un espectro ideológico que ha sido históricamente defensor de la colaboración con las instituciones de la CAV, cedió el testigo a la socialista Chivite, quien no solo dio continuidad al protocolo, sino que aceptó ampliarlo a 29 áreas. Urkullu también comparte con el valenciano Puig y la balear Armengol la plataforma RLEG para pedir voz en Europa.
  • Alberto Núñez Feijóo. Elecciones, covid y astilleros. Ala moderada del PP. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en contacto con el lehendakari para fijar la fecha de las elecciones autonómicas en la CAV y Galicia el día 12 de julio de 2020, en un momento en que el coronavirus remitía. Su colaboración fue intensa en el pasado para abordar la cuestión de los astilleros, y han compartido algunas críticas a Sánchez por su resistencia a tomar medidas contra la pandemia, justo el criterio contrario a Ayuso.
  • Pere Aragonès. Deshielo tras puigdemont. Ley Audiovisual y modelo de Estado. Urkullu relevó en diciembre a Pere Aragonès al frente de la comunidad de trabajo de los Pirineos, y aprovecharon para celebrar una reunión bilateral en Alp que sirvió para acercar posturas tras las gélidas relaciones con Puigdemont y Torra, de Junts. Urkullu y Aragonès, de ERC, sumaron fuerzas para reclamar el papel de las lenguas cooficiales en la Ley Audiovisual estatal y pidieron a Sánchez que abra una reflexión sobre el modelo de Estado.