Crece la presión para que Pedro Sánchez se abra a entablar una negociación con los partidos sobre la reforma laboral pactada entre el Gobierno español, la patronal estatal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. La insistencia del PSOE en no tocar una sola coma de este acuerdo está llevando al límite la situación, cuando falta una semana para que el Congreso de los Diputados convalide o tumbe este decreto, el próximo jueves 3 de febrero.

Este jueves se han constatado dos hechos que pueden descuadrar la previsión ya de por sí ajustada que manejaba el Ejecutivo español para superar la votación por uno o dos votos, y parece que ya no los tiene. Uno de los hechos ha sido en cierto modo predecible, pero el segundo ha sido una sorpresa. En concreto, en cuanto a lo previsible, ERC no ha cedido a la presión: tan solo unas horas después de que la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, cenara con el conseller Torrent, y después de que Díaz realizara una demostración de fuerza con el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT, los republicanos han presentado este jueves una declaración conjunta con EH Bildu, BNG y la CUP para pedir que se tramite como proyecto de ley abierto a aportaciones. Suman 21 votos.

Por otro lado, en cuanto a las sorpresas, Yolanda Díaz lleva deslizando desde la noche del miércoles que le consta que hay grupos minoritarios de izquierda que se van a descolgar si la votación se resuelve con los votos de Ciudadanos, que se alinea con el mensaje de la patronal de no tocar una línea. El PSOE está alimentando la vía de Ciudadanos, pero Podemos se resiste porque puede desplazar el eje de las alianzas hacia la derecha y dejar en la estacada a los socios de investidura, PNV y ERC. Díaz no quiso revelar detalles de sus conversaciones, pero se remitió a algunas declaraciones públicas de Compromís. Podría suceder lo mismo con Más País, según se especula en círculos políticos de Madrid.

Los votos en contra se sitúan en estos momentos en torno a los 173 (PP, Foro Asturias, Vox, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, CUP, BNG y el tránsfuga de Ciudadanos). En los cálculos más optimistas de Sánchez, podría contar con 171 a favor del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, Teruel Existe, PRC, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

ERC INSINÚA QUE EL PSOE VETA A YOLANDA DÍAZ

Jordi Salvador (ERC), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Néstor Rego (BNG) y Mireia Vehí (CUP) presentaron en una rueda de prensa una declaración conjunta, en la que constatan que este proyecto "no deroga la reforma de 2012" aprobada por el PP de Rajoy. Muestran su "absoluta y sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo" y piden que el decreto se tramite como proyecto de ley abierto a enmiendas.

Proponen, en concreto, la prevalencia de los convenios provinciales y autonómicos y el "blindaje jurídico" de los acuerdos interprofesionales autonómicos (en el caso de Euskadi, existe desde 2017). Apuestan, asimismo, por recuperar la autorización administrativa para los ERE, modificar las causas del despido, recuperar la indemnización de 45 días por año por despido improcedente hasta un máximo de 42 mensualidades, recuperar también los salarios de tramitación, y la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Añaden limitaciones a las empresas para la movilidad geográfica colectiva, recuperar la necesidad de acuerdo para la regulación de la jornada, y medidas para la conciliación.

En cualquier caso, estos partidos aclararon que el acuerdo no condiciona el voto de cada formación, y parece que el mínimo común denominador es que el decreto se tramite como proyecto de ley. El PSOE cree también que no son un bloque monolítico y que las mayores opciones de acuerdo se dan con ERC. El republicano Jordi Salvador, de hecho, no se cerró a apoyar el decreto, pero pidió "cambios sustanciales". Se centró en pedir que el decreto se tramite como proyecto de ley y que no se trata de cerrarlo todo ahora, sino que se pueden negociar los cambios en los próximos tres meses.

NINGÚN "INPUT NEGATIVO" DE LA CENA CON DÍAZ

Salvador se mostró conciliador con Yolanda Díaz, reconoció que ha realizado un intento de aproximación, dijo que no tiene "ningún input negativo" de la cena con Torrent, e insinuó que el PSOE ejerce un "veto" sobre la capacidad negociadora de la líder de Unidas Podemos. Añadió que su grupo podría votar que no, pero que no hay nada cerrado. Desde EH Bildu, Aizpurua vio en esta declaración "una vía para que el Gobierno arregle lo que tiene que arreglar".

EL PNV PONE CONDICIONES PERO RECHAZA LOS BLOQUES

En este contexto, fuentes de la Ejecutiva del PNV consultadas por este periódico ratifican que no forman parte de "ningún bloque", y que su posición es clara: que se blinde "por ley y ahora" la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, sin futuribles sobre hipotéticas negociaciones en los próximos meses. Aunque evitan comentar los detalles sobre las conversaciones con el Gobierno español, confirman que siguen hablando "pero seguimos donde estábamos". El PNV se abrió a escuchar fórmulas creativas para blindar los convenios vascos y posibilitar así que el Gobierno español siga haciendo guiños a sus aliados habituales, sin experimentar con C's, pero quiere garantías.

El PNV no ha llegado a decir que sea incompatible con C's. El problema radica en que el partido naranja expulsa a los jeltzales y a otros socios nacionalistas porque, como ha repetido este jueves Edmundo Bal, si trasciende un acuerdo para blindar los convenios vascos, Ciudadanos se descolgaría de esa mayoría. El PSOE, por boca de Adriana Lastra, volvió a defender en TVE la literalidad de lo pactado. Yolanda Díaz, por su parte, apostó por exprimir la vía con ERC y "agotar la negociación": "Yo nunca me levanto de la mesa".