- El Parlament rechazó ayer instar al Govern a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que establece que al menos el 25% de las horas lectivas impartidas en las escuelas catalanas deben ser en castellano, así como a dar los pasos necesarios para aplicarla en todos los centros “en el plazo más breve posible”. La moción, presentada por Ciudadanos, no salió adelante después de que este punto recibiera el apoyo de PSC-Units, Vox y PP, mientras que resto de grupos votaron en contra. Tampoco prosperó el punto en que se pedía que el Parlament condene “la contumaz inclinación del Govern a desacatar las sentencias judiciales que protegen el derecho de todos los alumnos catalanes a recibir al menos el 25% de las horas lectivas en castellano”, ni el que insta a la Cámara a condenar lo que consideran intromisiones de Plataforma per la Llengua en la libertad de los alumnos a escoger la lengua en la que hablan en el centro.

Para el diputado naranja Martín Blanco, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ofreció el miércoles “una auténtica clase de pensamiento totalitario porque se preguntó quiénes son los jueces para contradecir lo que dicen las asambleas parlamentarias”, un pensamiento que considera antidemocrático y propio de otro tiempo. Por el PSC, la diputada Esther Niubò defendió que las sentencias deben acatarse y que la acción política no puede basarse en la desobediencia.

La republicana Mònica Palacín ratificó la posición de Cambray, acusando a Ciudadanos de intentar ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas, y preguntó al Gobierno español si hará cumplir la sentencia del TSJC en base la Ley Wert -ya derogada- o en base la Ley Celaá: “La exministra Isabel Celáa tendrá que explicar muy bien si se pide que la Generalitat cumpla la sentencia. Se desacreditará su propia ley”. Desde Junts, Glòria Freixa esperaba que C’s aprovechara esta moción para “pedir perdón por el linchamiento público” a profesores del instituto del Palau de Sant Andreu de la Barca tras archivarse el caso, y les avisó de que no conseguirán acabar con el catalán ni con la identidad catalana. “Quieren promover el retroceso del uso social del catalán y fragmentar nuestra comunidad educativa en función de la lengua de origen. No pasarán, no conseguirán aplicar este nuevo 155 escolar”, completó el diputado de la CUP Carles Riera, tras recalcar que el Govern cuenta con el apoyo de su grupo para no aplicar un fallo del TSJC que, a su juicio, contraviene la Ley de Política Lingüística, la Ley de Educación de Catalunya y un consenso mayoritario que debe aspirar a incluir al PSC.

Los comunes cargaron contra C’s por “mantener vivo un problema que se han inventado al ser el sentido de su propia existencia”, tachando la moción de insulto “a la inteligencia, a las familias y al profesorado”.