- Estrasburgo ha dado carpetazo al recorrido judicial del caso Altsasu al no admitir a trámite el recurso de los condenados que denunciaban las irregularidades de la vista oral. La cuestión no residía en juzgar de nuevo los hechos, sino en velar por si el juicio fue justo y si entre otras cuestiones se vulneró el derecho a un juez imparcial. Cabe recordar que la magistrada Concepción Espejel juzgó la causa en la Audiencia Nacional (AN) pese a ser recusada por las defensas por estar casada con un coronel de la Guardia Civil, cuerpo que investigó el caso, y haber sido condecorada por el propio Instituto Armado. Dicha recusación fue desestimada por la propia Espejel y luego por el propio tribunal de apelación de la AN.
A ello se unían otros flecos detectados a lo largo del proceso y que suponían graves vulneraciones del derecho de defensa y de un proceso justo. Por ejemplo, la negativa a numerosas pruebas que se solicitaron durante la instrucción, los errores en las ruedas de reconocimiento de los jóvenes o el hecho de que se sustrajera la causa de los juzgados de Iruñea, donde debería haber sido juzgada, y se trasladara a un tribunal como la AN al interponer una denuncia Covite para que este caso se investigara por terrorismo.
Iñaki Abad, uno de los jóvenes condenados, señaló ayer que “frente al desamparo de todas las instituciones judiciales, queda una sociedad que lo ha entendido perfectamente y, pese a perder en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), seguiremos denunciándolo siempre”. Fue en noviembre de 2020 cuando los familiares de los encausados, englobados en la plataforma Altsasu Gurasoak, anunciaron que presentarían recurso ante Estrasburgo. En octubre de 2019 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó de forma notable las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los ocho jóvenes de Altsasu implicados en la agresión a dos guardias civiles y sus novias en la madrugada del 15 de octubre de 2016. Las penas quedaron reducidas a entre 9 años y medio de cárcel la más alta y hasta el año y medio de prisión la más baja. La sentencia de la AN había dictado condenas de entre 13 y 2 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, aunque no se les penó por delitos de terrorismo que sí aparecían en los escritos de acusación de la Fiscalía tanto en primera instancia como en apelación.
La reducción de penas, que se argumentó en una amplia resolución que se extendía a lo largo de 449 páginas, se debía a la no aplicación de la agravante de discriminación ni la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, así como a la supresión a dos de los acusados de alguno de los delitos de lesiones por falta de pruebas por los que habían sido inicialmente condenados. No obstante, la sentencia seguía siendo condenatoria aunque la resolución no fue unánime y dos magistrados firmaron un voto particular favorable a haber mantenido la agravante de discriminación. En la presentación del recurso, los familiares de los condenados indicaron que “ningún órgano del sistema judicial español con competencias para ello ha demostrado tener voluntad de frenar este montaje, demostrando graves carencias democráticas y violando los derechos fundamentales más básicos”.
Fue hace “unas pocas semanas” cuando sus abogados recibieron la notificación del TEDH, precisaron los familiares, concluyendo así este proceso judicial ya que “no hay posibilidad de recurso”. “Teníamos esperanzas de que hubiese seguido el trámite pero no sigue y no hay una argumentación del porqué, simplemente dicen que no se admite. Así nos hemos quedado”, matizan. La decisión no les ha sorprendido porque el “Tribunal Supremo fue cerrando caminos que hubiesen posibilitado acceder con más recursos a Estrasburgo”. Con todo, los familiares remarcaron que “la sociedad ha interiorizado lo ocurrido y ha visto que ha sido una gran injusticia, y el hecho de que Europa no lo haya admitido a trámite no quiere decir que sea más justo”.
“Simplemente dicen que el trámite no sigue sin dar argumentación del porqué, pero no nos ha sorprendido”
“La sociedad ha interiorizado este caso y ha visto que ha sido una gran injusticia”
Plataforma de familiares
