Urkullu añade presión a Sánchez con la reforma laboral y las transferencias

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria se expresó con cautela porque es el portavoz de un gabinete de coalición. El PNV sí quiere introducir cambios en la reforma laboral pactada entre el Gobierno español, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT para blindar la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, mientras que el PSE, aunque sondeó en un primer momento esa opción con la vicepresidenta Yolanda Díaz, pide por encima de todo que el decreto vea la luz. Zupiria aclaró que el Gobierno Vasco “valora positivamente que agentes económicos y sociales hayan alcanzado un acuerdo” porque siempre ha apostado por el diálogo en el ámbito sociolaboral. “Este preacuerdo es un paso en ese sentido. Tampoco les voy a ocultar que la opinión del lehendakari es que aún se debe hacer un esfuerzo mayor de negociación y de acuerdo para satisfacer las peticiones de los grupos que tendrían que apoyar esa reforma laboral en el Congreso”, puntualizó.

Sobre las transferencias, la consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi despejó el jueves de la semana pasada con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el obstáculo de los plazos en la transferencia del IMV, que se acordará sin fecha de caducidad y por un plazo indefinido. Pero no hay más novedades, y el Gobierno español tampoco ha respondido a las ofertas que envió Garamendi para dar un impulso a una negociación transferencial que está paralizada: envió propuestas sobre la gestión del litoral, fondo de protección a la cinematografía y meteorología, pero no ha habido respuesta por ahora.

Zupiria abundó en que están “a la espera de respuesta” de esas tres ofertas, y criticó el “acuerdo incumplido” en el IMV, que tendría que haber llegado en 2020. “Ha pasado mucho tiempo y no hay razón para justificar que no se materialice”, zanjó. Lamentó que esa misma situación se produce “con otros compromisos que tienen que ver con el desarrollo del Estatuto de Gernika”. Recordó que el propio Gobierno español planteó un calendario que no se ha cumplido y apostó por seguir trabajando para acelerar la negociación.

Quedan por transferir treinta materias, aunque las fricciones sobre el IMV parecen mantener en sordina todo el proceso. La gestión de esta ayuda social fue pactada por el PNV en el contexto de las prórrogas del estado de alarma, en 2020, y nuevamente se tuvo que desbloquear el año pasado en los Presupuestos para 2022. Al ser una cuestión firmada e incumplida, es el principal foco de desencuentro con Sánchez, y a cada paso afloran nuevas objeciones del ministro Escrivá que minan la confianza. La última, ya resuelta, ha sido la del plazo de caducidad; pero ya antes cuestionó que Lanbide controlara todo el proceso y propuso que la Seguridad Social pagara la ayuda.

Además, el Estatuto de Gernika es ley y tampoco avanzan otras materias. Es un debate que se sitúa en un plano diferente al de la reforma laboral, donde no hay nada firmado con el Gobierno español y la discrepancia, pese a ser notoria, entra dentro del juego político. El Ejecutivo de Sánchez empieza a dar señales de abdicar y renunciar al respaldo de los jeltzales, EH Bildu y ERC, sobre todo, por el flanco socialista.

Sobre la reforma laboral, la propia Confebask formó parte del acuerdo interprofesional de 2017 con ELA y LAB que daba prevalencia a los convenios vascos sobre las condiciones pactadas en el Estado. No obstante, si se diera un paso más, este acuerdo fuera ley y se incluyera en la reforma laboral, la patronal vasca perdería una baza y una forma de presión en las negociaciones con los sindicatos porque, si las conversaciones se torcieran y ELA o LAB pusieran el listón muy alto, ya no tendría la posibilidad de pulsar el botón nuclear y aplicar como último recurso un convenio estatal, donde los salarios suelen ser inferiores. A nivel estatal, la patronal CEOE no quiere tocar una coma de la reforma, y la prevalencia de los convenios autonómicos tampoco es algo que entusiasme a los sindicatos de adscripción española.

El PNV se pregunta por qué existen tantas resistencias si dicen respetar el acuerdo vasco. Tampoco se ha producido un pronunciamiento categórico de Confebask para comprometerse con el pacto de 2017 y blindarlo. Todos estos factores provocan también el distanciamiento de ELA y LAB de la reforma en el Estado, donde la mayoría sindical es otra.

Reforma laboral. Cargos de Unidas Podemos han redoblado la presión estos días para que la reforma laboral se convalide con los socios de investidura, y no con Ciudadanos. El ministro de Consumo, Alberto Garzón (de IU), remó a favor de esta opción, que no parece tener tan clara un PSOE que apela a la abstención del PP y el apoyo de Ciudadanos. En las redes sociales, Garzón dijo que la reforma pactada es un punto de inflexión y “por eso es importante que salga apoyada por la mayoría que sostiene al Gobierno de coalición progresista, para consolidar avances”. El diputado Antón Gómez-Reino abundó en que no caben propuestas “regresivas” como la “mochila austríaca” o el “contrato único” que atribuye al programa de Ciudadanos. Una lectura similar realizó el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, quien apostó por el pacto de investidura. C’s, por su parte, puso en duda que la vicepresidenta Yolanda Díaz quiera un acuerdo porque prioriza a ERC y a EH Bildu.

“El PNV, con la responsabilidad que tiene, va a atender la importancia del acuerdo”

Portavoz del Gobierno español