El lehendakari y Confebask han tenido este jueves la ocasión de poner las cartas boca arriba en un asunto que está generando fricciones políticas: la reforma laboral pactada entre la vicepresidenta Yolanda Díaz, la patronal española CEOE, y los sindicatos CCOO y UGT, una reforma que los firmantes se resisten a tocar en su paso por el Congreso de los Diputados a pesar de las objeciones recibidas desde múltiples partidos políticos.
En el encuentro que mantuvieron una delegación del Comité Ejecutivo de la patronal vasca y del Gobierno vasco (incluyendo a la parte socialista, con Idoia Mendia), la patronal que dirige Eduardo Zubiaurre insistió en trasladar una valoración “positiva” de esta reforma. El lehendakari, sin embargo, matizó que el deseo de su Gobierno es que “pueda salir adelante con el mayor consenso social y político posible”.
Las fuentes de Lehendakaritza consultadas por este periódico no pudieron ir más allá porque tienen un gobierno de coalición con los socialistas y el área de Trabajo la gestiona la propia Mendia. Pero es de sobra conocido que el PNV pide incluir la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales. Sin ella, votará en contra.
¿GARANTÍAS SOBRE EL ACUERDO DE 2017?
¿GARANTÍAS SOBRE EL ACUERDO DE 2017?
El PNV seguía lamentando este jueves por boca de Itxaso Atutxa las resistencias de algunos sindicatos y empresarios, y dijo que, aunque exista un acuerdo interprofesional vasco de 2017, nadie garantiza que el día de mañana alguno de los agentes no vaya a dar un golpe sobre la mesa y lleve un convenio vasco a los tribunales. Si no es ley, no hay garantías, vino a decir en ETB1. En este contexto, no sería descabellado que la patronal realizara algún pronunciamiento público de respaldo y adhesión al acuerdo de 2017.
ELA y LAB siguen rechazando una reforma en la que no han participado porque la mayoría sindical estatal es otra. Siguen las reservas hacia la patronal porque tiene en su mano la posibilidad de descolgarse del pacto de 2017 si los sindicatos vascos se lo ponen difícil en alguna negociación en Euskadi, y tiene la opción de remitirse a un convenio estatal donde, en general, los salarios son inferiores. En el Estado, la CEOE avisa con claridad de que no quiere tocar una coma de la reforma acordada con Madrid.
Por el lado de los sindicatos CCOO y UGT tampoco hay demasiada disposición a cambiar la reforma pactada, y pueden sentirse más cómodos defendiendo la igualdad de todos los trabajadores, aunque en realidad ni siquiera existe entre sectores.
AGILIZAR LAS ALTAS
Urkullu recibió a una delegación encabezada por Zubiaurre; y lo hizo acompañado por la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia; la consejera Arantxa Tapia, y el responsable de Hacienda, Pedro Azpiazu. También coincidieron en algunas preocupaciones y objetivos comunes. La patronal planteó su inquietud por el nivel de absentismo que se habría disparado con el coronavirus, y planteó agilizar las altas laborales “lo máximo posible”, siempre que lo permitan la salud de cada trabajador y siempre que así lo aconsejen los científicos.
Este es un asunto que depende de Salud y, por ahora, son siete días de aislamiento para los positivos (antes eran diez), si no se han presentado síntomas durante ese tiempo. En algunas comunidades se ensaya ya el alta automática al de siete días. Lehendakaritza se refirió a este asunto como una preocupación “compartida”, y aludió igualmente a las ausencias por incapacidad laboral transitoria.
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Según destacó Lehendakaritza, constataron las perspectivas “esperanzadoras” para 2022, “no exentas de cautela como consecuencia de la alta inflación o la posible incidencia del coronavirus a escala global”. Zubiaurre prevé que se mantenga la recuperación, pero con la incógnita de la inflación, el coste de la energía, las materias primas y el descenso de la rentabilidad y márgenes empresariales.
Lehendakaritza vio retos “comunes” como la competitividad, la atracción de inversiones, la apuesta por el talento, el aumento de la dimensión de las empresas, el reto demográfico, el arraigo o el sistema educativo. Se abordaron las pensiones, la fiscalidad y los fondos europeos.