La relación entre el PNV y el Gobierno español de Pedro Sánchez es una montaña rusa. Y vuelve a atravesar por un momento bajo. El pinchazo lo ha provocado, por un lado, la marcha atrás que ha dado el ministro Escrivá en el acuerdo para transferir la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi, porque ahora plantea que sea una transferencia temporal. Por otro lado, preocupa la cerrazón de Sánchez a la hora de incorporar cambios en la reforma laboral que ha pactado con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, lo que supone dejar fuera de juego el blindaje de los convenios vascos frente a los estatales.

El PNV ha ratificado este martes su compromiso con la estabilidad y se ha resistido a tensionar en exceso estas conversaciones, pero dio un golpe sobre la mesa para avisar de que la actitud del Gobierno español sobre la reforma laboral y sobre el IMV "dificulta mucho la relación de confianza".

VOTO EN CONTRA SIN LOS CONVENIOS VASCOS

VOTO EN CONTRA SIN LOS CONVENIOS VASCOS

El aviso lo lanzó la diputada Josune Gorospe en Onda Vasca, quien concretó, como ya informó este periódico, que su grupo "votará en contra" si no se incorpora en la reforma un reconocimiento expreso de los convenios vascos, y que pondrá "pie en pared" para que el traspaso del IMV sea "íntegro y permanente".

Sánchez podría estar haciendo el cálculo de que el apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral puede ayudarlo a convalidarla sin mover un dedo, aunque este partido matizó este martes que pone condiciones: que no toque una coma del texto más adelante con sus socios. Además, más allá de esa votación en concreto, el aviso del PNV proviene de un grupo que tiene un acuerdo de investidura. Tiene seis votos en el Congreso que muchas veces son claves y, más allá de su fuerza numérica, está convencido de que aporta un plus en términos de imagen por su reputación en el ámbito económico y la atracción que ejerce sobre varios grupos minoritarios.

El PNV ha admitido todo este tiempo que no hay una alternativa mejor a Sánchez y quiere evitar unas elecciones que podrían encumbrar a un gobierno del PP condicionado por Vox. Pero tiene margen de maniobra en las votaciones en los plenos del Congreso, y tiene el voto del desempate en la Mesa del Senado.

VOLUNTAD POLÍTICA SOBRE EL IMV

Gorospe matizó que el método de trabajo de su grupo se basa en "no tensionar en exceso las relaciones, porque ese clima político favorece los acuerdos, pero sí es verdad que dificulta mucho esa actitud del Gobierno de tener reticencias y recelos a acordar en la reforma laboral, o no respetar los términos de acuerdos como el IMV". "Dificulta mucho una relación de confianza", avisó.

Sobre el IMV, vio un problema de "voluntad política", y recordó que esta transferencia entra dentro de la "protección social". Escrivá plantea un convenio con plazos, en una interpretación literal de la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, sobre el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El IMV es una prestación social, pero el Gobierno español la encuadró en la Seguridad Social. Gorospe recordó que la protección social vasca está bien cubierta con la RGI y "es absolutamente necesario que se transfiera el IMV para poder incorporarlo de manera estable". "Vuelven a dar marcha atrás. Hay espacio todavía para poder lograrlo. Nosotros pondremos pie en pared", aclaró.

PRESIÓN PARA NEGOCIAR

Sobre la reforma laboral, confirmó que hay diálogo, "pero no acuerdo". "En tanto no haya un acuerdo para salvaguardar la prevalencia de los convenios autonómicos, nuestra posición será la de votar en contra", dijo. Pocas horas después, el ministro Bolaños insistía en que la reforma está pactada entre sindicatos y patronal y que "de manera natural se tienen que sumar la mayoría de los grupos", aunque abrirá una ronda de contactos. La vicepresidenta Yolanda Díaz no confirmó en cadena Ser que la reforma sea intocable, y rechazó llevar al límite los trámites. Gorospe recordó que, en el caso vasco, la mayoría sindical es otra, de ELA y LAB. El PP, por su parte, se abre a apoyar la tramitación como proyecto de ley para introducir cambios. La presión a Sánchez crece.