- La última polémica sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi podría quedar reducida a una tormenta en un vaso de agua. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha enviado un primer borrador al Gobierno Vasco con la fórmula de un convenio, lo que implicaría que el traspaso fuera provisional. Ante esta bomba de relojería para las relaciones con el PNV, desde el propio socialismo, el partido del presidente Pedro Sánchez, Idoia Mendia aclaró ayer que la transferencia llegará de forma “íntegra y definitiva, porque así lo han sido todas y así serán las que lleguen en el futuro”. “Incluida la del IMV, aunque es verdad que tiene sus propias características”, sentenció la vicelehendakari segunda en Radio Euskadi.
Mendia vuelve así a cerrar filas con la parte jeltzale del Gobierno Vasco y con la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, quien lidera esta negociación. Y deja ver que se respetará el acuerdo político que alcanzó el PNV con Sánchez a cambio de no enmendar a la totalidad los Presupuestos estatales.
Desde el departamento de Garamendi, por su parte, no quieren hacer pública su respuesta antes de trasladársela a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, por una cuestión de respeto y discreción en esta negociación. Su estrategia desde el principio ha sido no precipitar una valoración de esta oferta de Escrivá, que además no fue filtrada a los medios desde su consejería sino que el origen fue otro. Se espera que “en las próximas fechas” respondan a la ministra.
El origen de esta polémica se sitúa en que, por primera vez en la historia, se va a utilizar la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika. Escrivá se ciñe a ese punto porque el Gobierno español decidió que el IMV formara parte de la Seguridad Social, en lugar de considerarse una prestación de asistencia social. Esa disposición estipula que la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social se realizará firmando los oportunos convenios, con los plazos que se determinen en ellos. Una vez más, el entuerto radica en que Escrivá, un ministro de perfil muy técnico, ha hecho una interpretación al pie de la letra de esa disposición, ha propuesto un borrador con plazos, y a partir de ahí la imaginación vuela y se puede llegar a la conclusión de que la transferencia tiene fecha de caducidad y es reversible, algo que, por lo visto, no quieren ni contemplan ni el PNV ni el PSE.
Desde el Ministerio de Escrivá, las fuentes consultadas por este periódico no quieren añadir más y se remiten a las declaraciones que realizó la ministra Isabel Rodríguez este fin de semana en Diario Vasco, donde aclaró que este es el “inicio” de los trabajos y que ahora “toca diálogo”. Aclaró también que aún no han recibido la respuesta de Garamendi, que estudiarán su oferta, y que el Gobierno español está comprometido con “la hoja de ruta” sobre las transferencias. De todo ello parece desprenderse que hay margen para reconducir lo sucedido, aunque el historial de desencuentros con Escrivá ya es amplio y nadie cantará victoria hasta firmar el traspaso en la Comisión Mixta. El PNV había calculado que fuera en enero, y la semana pasada avisó de que no aceptará un traspaso temporal. Los jeltzales no quieren ir más allá ni especular con que se rompa lo pactado, lo que abriría un escenario de consecuencias imprevisibles para Sánchez.
Ya en el pasado, Escrivá mantuvo el pulso al resistirse a una transferencia completa. El PNV pactó con Sánchez desbloquear esta cuestión y que la comunidad autónoma vasca (y también Nafarroa) puedan gestionar esta ayuda social de principio a fin, desde la tramitación de las solicitudes ciudadanas hasta el pago de la prestación. La transferencia tendría que haber llegado en octubre de 2020. El PSE siempre ha defendido que la mayor interesada en el traspaso es Idoia Mendia, quien tendrá que gestionarlo como consejera de Trabajo y Empleo. Este debate compromete además al PSE porque puede poner el solfa el compromiso de Sánchez con el Estatuto de Gernika y la treintena de competencias que quedan por transferir.
La oferta de Madrid la recibió el 29 de diciembre la consejera Garamendi sobre la bocina, a punto de acabar el año. Recibió las ofertas sobre el IMV y los trenes de cercanías poco después de haber remitido ella las referentes a la gestión del litoral, meteorología y el fondo de protección a la cinematografía.
Garamendi dio el paso de enviar esas tres propuestas para mantener una actitud proactiva y tratar de imprimir otro ritmo a las transferencias y al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que acumula un retraso de cuatro décadas y ahora tampoco se consigue dar la vuelta a la situación ya sea por la pandemia, o porque Sánchez pone la prioridad en la gestión de los fondos europeos y en el mensaje de la recuperación económica. Las elecciones en Castilla y León tampoco ayudan.
Mendia admitió que también a ella le gustaría que las transferencias fueran “a un ritmo mayor”, pero añadió que el “gran valor es el compromiso del Gobierno de España con el autogobierno vasco”.
“La transferencia será íntegra y definitiva, porque así lo han sido todas y lo serán en el futuro”
“El gran valor es el compromiso que tiene el Gobierno de España con el autogobierno vasco”
Vicelehendakari segunda
