El PNV plantea a la izquierda abertzale que ponga fin a la etapa de las movilizaciones en la calle, y que lleve sus exigencias sobre la aplicación de la ley ordinaria en las cárceles a la mesa de diálogo con el Gobierno español, donde tendrá el apoyo de los jeltzales. De esta forma contextualizan fuentes de la Ejecutiva del PNV su decisión de no acudir el pasado fin de semana a la movilización de Sare.
Las fuentes consultadas por este periódico aclaran que “nunca han ido” a las manifestaciones anuales de enero (sí han participado en los coloquios), con la única excepción de enero de 2014, una marcha convocada por el propio PNV porque a la izquierda abertzale se le prohibió realizar la suya. Se convocó con un lema a favor de la libertad de expresión, aunque la experiencia no salió del todo como se esperaba y el lanzamiento de ciertas proclamas dejó mal sabor de boca a los jeltzales.
LA DISIDENCIA Y LA DERECHA ESPAÑOLA
De ahí viene también uno de los dos argumentos que esgrimen desde la Ejecutiva que preside Andoni Ortuzar para pedir que esta dinámica se sustituya por el diálogo político. El PNV considera que se debe pasar página de la etapa de las movilizaciones porque, aunque se planteen de buena fe por parte de muchos integrantes de esos colectivos, “la disidencia aprovecha para hacer ruido”, y las manifestaciones que nacen con buenas intenciones derivan en espacios dedicados a ongietorris o a peticiones de amnistía y no de aplicación de la ley ordinaria, con el daño que esas actitudes ocasionan a las víctimas.
“Estas manifestaciones, que formalmente son convocadas por Sare, forman parte del calendario de la izquierda abertzale. Respetamos lo que decida la izquierda abertzale, pero estas marchas pueden ser un elemento de distorsión, porque la disidencia las manipula. Son un elemento de riesgo. También lo usa la derecha española para enrarecer el ambiente”, constatan.
LA MESA DE DIÁLOGO
Como segundo argumento, aseguran que, ya que existe con poco disimulo un acuerdo entre la izquierda abertzale y el Gobierno de Sánchez para el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas, deberían llevar también sus demandas sobre el fin del régimen de excepcionalidad en la ley penitenciaria a esa mesa. “Los apoyaremos”, aportan desde el PNV.
El Gobierno español ha transferido la competencia para gestionar las prisiones al Gobierno vasco, pero la ley penitenciaria sigue en manos del Estado, que es el encargado de fijar los requisitos para obtener progresiones de grado o permisos de salida. Las cárceles vascas tienen ahora margen para interpretar esa ley y ser más progresistas, pero esa norma dice lo que dice y, por citar solo un ejemplo, en algunos casos prevé un cumplimiento mínimo de varias décadas por delitos de terrorismo.
El PNV decidió en enero de 2014 participar en la marcha porque estaban en juego el derecho de manifestación y los avances en el proceso de paz pero, tan solo un año después, ya aclaraba que esa decisión fue excepcional y apostaba por no acudir en 2015.
