- Del vaso medio lleno, al vaso medio vacío. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, trató de enfriar ayer cualquier expectativa que tuvieran los partidos de incorporar cambios en la reforma laboral pactada entre el Gobierno español, la patronal y los sindicatos. Y lo hizo tan solo 24 horas después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aceptara la opción de tramitar el decreto como proyecto de ley abierto a enmiendas y apostara por mantener lo pactado, en la medida de lo posible. Bolaños matizó ayer que no tiene por qué tramitarse como proyecto de ley, e insistió en apelar al PP para que permita la aprobación de esta reforma. Una abstención de los popularespermitiría alumbrar el decreto sin ningún cambio.

En este debate se cruzan los deseos con la realidad. El deseo del Gobierno español es aprobar esta reforma sin cambios, con la abstención del PP, para no tocar el pacto con los agentes sociales. Es su plan A, el menos costoso porque no le obliga a moverse y cree que cualquier cambio va a provocar que salten chispas, sobre todo, en la patronal CEOE, o bien en los sindicatos.

Lo conseguiría con la abstención del PP o, de lo contrario, con los escaños de Ciudadanos y algún puñado más de abstenciones entre sus socios. Se especula con Más País o el PDeCAT. Su deseo es que le permitan aprobar el decreto sin forzar la tramitación posterior como proyecto de ley.

Pero la realidad es que podría tener que incorporar cambios si la presión de sus socios se mantiene hasta el final y no dan su brazo a torcer, y si el PP se mantiene en el voto en contra. En este contexto, a Bolaños se le preguntó si va a contar con Ciudadanos para esta negociación, y aclaró que contará con todos, pero “empezando con los socios habituales”, en una clara alusión al PNV y ERC, pero también a grupos de izquierda más pequeños o a EH Bildu. Habló de negociar, lo que de manera implícita supone ceder. Pero ese sería el plan B, el menos deseado. Bolaños aclaró que “hay tiempo” hasta el 7 de febrero. Eso sí, insistió en que lo que hay sobre la mesa es un decreto, no un proyecto de ley, y que los grupos pueden votar a favor para convalidar la vigencia que ya tiene. “No es un proyecto de ley del Gobierno, es un proyecto que deriva de un acuerdo entre empresarios y sindicatos”, defendió en RNE.

Moncloa juega con la baza de la división en el PP y la presión de la patronal a Casado para que se abstenga. Cree que la luz verde puede encenderse por ese flanco. Por el contrario, se resiste a tocar el texto porque precisamente la patronal ha avisado de que “lo pactado no se toca”, tal y como dijo Antonio Garamendi, quien insinuó que podría retirar su firma. También argumentan desde el PSOE que esta reforma es clave para que Bruselas libere los fondos de resiliencia. No se descarta que la vía sea aprobar el decreto tal cual, y preparar alguna aclaración en el Estatuto de los Trabajadores sobre la prevalencia de los convenios vascos que pide el PNV, pero también Bildu y ERC.

Sobre el decreto que endurece la mascarilla al aire libre, pese a las maniobras del PP y C’s y las dudas de otros partidos, se declaró “optimista” y recordó que muchas comunidades autónomas se lo pidieron, sobre todo, para Navidad.

Se suma con los convenios. El conseller de Empresa, Roger Torrent, aseguró ayer que la reforma laboral “no es la que quiere ni necesita Catalunya”. Insistió en recuperar la autorización administrativa previa de los ERE para poder actuar en los conflictos laborales, “que antes tenía y perdió con la reforma del PP”. Añadió las indemnizaciones por despido improcedente, así como los salarios de tramitación, pero también la prevalencia de los convenios catalanes sobre los estatales.