Se suele representar a la justicia a través de una balanza con sus dos platillos al mismo nivel, para trasladar que efectivamente es una justicia justa e imparcial. Pero, en el caso del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, el desnivel entre los platillos es cada vez más evidente. La controversia sobre la elección de sus miembros, mayoritariamente entre el PP y el PSOE y algunos de ellos con conocidos prejuicios contra el aborto o la memoria histórica, siembra dudas sobre su neutralidad.

En ese contexto, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha pedido este miércoles al presidente español, Pedro Sánchez, unos órganos constitucionales "neutrales" ante el descrédito institucional que está corriendo como la pólvora y puede beneficiar al populismo de extrema derecha que predica Vox.

Esteban formuló su petición en la sesión de control al Gobierno español en el Congreso. Preguntó a Sánchez si está satisfecho con la renovación que han acordado PP y PSOE de los integrantes de estas instituciones, y el presidente español respondió que no. Pero no se refería a que lamente ese reparto con perfiles partidistas o albergue un propósito de enmienda, sino que el único motivo de insatisfacción que reconoció fue el siguiente: "Aún queda el Consejo General del Poder Judicial".

De hecho, Sánchez se justificó asegurando que su "obligación" era "desbloquear la parálisis de las instituciones", y que plantear una reforma constitucional sobre estos órganos en un Congreso donde está Vox está muy bien "como ejercicio académico, pero no es pragmático".

Se centró en descartar una reforma con el argumento de que no hay mayorías, pero no añadió que podrían haber realizado un ejercicio de mayor apertura en esa negociación para dar cabida al pluralismo del Congreso o perfiles menos significados, lo que hubiera requerido solamente voluntad política. Todo indica que el PP ponía pegas y Sánchez decidió ceder.

¿QUÉ DECIDEN ESTOS TRIBUNALES?

La advertencia de Esteban sobre la forma en que estas prácticas "socavan" las instituciones y cómo pueden provocar el auge de Vox sitúa el problema más allá de la histórica queja del PNV. El partido jeltzale siempre ha denunciado que el Tribunal Constitucional da prevalencia al Estado en los conflictos de competencias con las comunidades autónomas y, para más señas, en los últimos años ha tenido un protagonismo creciente por la judicialización de la política. El Tribunal de Cuentas, por su parte, fiscaliza la contabilidad de los partidos y de las instituciones, y ha estado en el candelero por sus actuaciones en relación con el procés soberanista.

Estos dos órganos han sido renovados recientemente por PSOE y PP, una renovación especialmente discutida en el caso del Constitucional, con los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, de la órbita popular. Esteban dijo que él tampoco está satisfecho y aclaró que no es ningún "iconoclasta" y que defiende las instituciones, pero puso en valor dos virtudes que deberían cumplir los órganos constitucionales: "el pluralismo, reflejado en esta Cámara, y la imparcialidad, donde se trata no solo de ser imparcial, sino de parecerlo".

EL TRIBUNAL DE CUENTAS "TODOPODEROSO"

EL TRIBUNAL DE CUENTAS "TODOPODEROSO"

Sobre el Tribunal de Cuentas, lamentó que se lo repartan PP y PSOE, y que se haya dado pie a la "endogamia" incluso en la contratación del personal administrativo. Esteban recalcó que el problema es aún más grave si se tiene en cuenta que se convirtió en instancia judicial y no tiene una instancia superior a la que apelar en caso de dictar una sentencia desfavorable. Se refirió a él como un órgano todopoderoso que se tendría que haber reformado. "Reformar todo eso hubiera sido la auténtica renovación", zanjó.

Sobre el Constitucional, lamentó que se designen integrantes "con sombra de corrupción, incompatibilidades académicas y declaraciones políticas que pueden llevar a su recusación". Pidió organismos "neutrales" porque la ultraderecha puede ver el caldo de cultivo propicio para "aumentar su propaganda por el desapego" de los ciudadanos.

Sánchez se escudó en que otras iniciativas para reformar el CGPJ han sido rechazadas en el Congreso, y planteó que lo que subyace en este bloqueo es "el no reconocimiento y la no legitimación" de cualquier gobierno que no sea conservador por parte de la derecha española. Pidió a la derecha que "salga de la insumisión constitucional". Esta es una demanda que estuvo presente en otros momentos de la jornada.