- Reducir en la medida de lo posible la temporalidad e interinidad en la Administración es uno de los objetivos del Ejecutivo vasco en esta legislatura. En ese camino, ayer la CAV dio un nuevo paso con el visto bueno de la Cámara de Gasteiz a una nueva norma que debería servir para consolidar el empleo público en las instituciones. La nueva Ley de Escalas contempla que en los procesos selectivos el baremo de méritos contemple la valoración “de manera específica, diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general de los servicios prestados en la administración convocante” por el desempeño de los puestos convocados.

La puntuación derivada de dicha valoración específica no podrá superar el 20% de la puntuación total alcanzable en el conjunto del proceso selectivo, excluida la valoración como mérito del conocimiento del euskera. El Parlamento refrendó así la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración, un proyecto que tiene como objetivo acotar las elevadas tasas de temporalidad en el empleo público y “racionalizar” así el sector. La norma aprobada ha sufrido cambios en su articulado para evitar recursos al Tribunal Constitucional en lo que a las OPE se refiere, tal y como ya ocurrió con la Ley de Policía.

El texto salió adelante con la mayoría absoluta del PNV y del PSE, mientras que los cuatro grupos de la oposición se posicionaron en contra alegando que la norma nace “fallida” y no logrará su propósito de disminuir la interinidad y los contratos temporales en la Administración. Todo ello en el mismo día en que en Madrid el PNV y ERC alcanzaron un acuerdo con el Gobierno español para la futura Ley de Estabilización que incluye el compromiso de posibilitar que los interinos con más de cinco años en la misma plaza pasen a ser fijos tras un concurso de méritos.

La norma que finalmente ha visto la luz en la Cámara vasca ha sufrido una modificación de calado respecto al primer texto aprobado en diciembre del pasado año en el Consejo de Gobierno. Y es que la redacción inicial incluía una segunda disposición adicional que establecía que cuando la tasa de interinidad en determinados departamentos u oficinas fuera superior al 40%, las instituciones de la CAV podrían convocar un turno diferenciado en las OPE para los interinos con un mínimo de ocho años en la misma plaza.

Sin embargo, este punto de la norma ha sido reescrito para evitar problemas a futuro con la Justicia española, dado que la redacción inicial de la disposición era similar a un apartado de la Ley de Policía que fue anulado por el Tribunal Constitucional al considerar que esta fórmula “diferenciada” de acceso al empleo público es contraria a la Carta Magna.

Este punto del articulado ha sido modificado tras un acuerdo del PNV y del PSE con PP+C’s, al aceptarse una enmienda de estos últimos que tenía como objetivo adaptarse a lo establecido por el Constitucional en su dictamen de la Ley de Policía. En cualquier caso, esto no ha supuesto que la coalición de derechas se una en la votación a socialistas y morados -finalmente el PP votó en contra-.

La ley sí conservará en cambio su primera disposición adicional, mediante la que se podrá convocar “con carácter excepcional” diversos procesos selectivos “para la consolidación del empleo temporal de naturaleza estructural”.

En su intervención al inicio del debate en la Cámara autonómica, la titular de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, defendió que con el nuevo proyecto de ley se pretende “facilitar y mejorar” los procesos de selección de personal por parte de las administraciones, así como “resolver la complejidad” jurídica en el acceso al empleo público. Asimismo, la consejera explicó que la norma es “absolutamente necesaria” para dotar de seguridad la estructuración del trabajo en las instituciones y para desarrollar las futuras OPE.

Garamendi destacó también que, pese a los cambios que ha sufrido la redacción original de la ley “por razones de seguridad jurídica”, esta supondrá un “salto cualitativo” para consolidar el empleo público, reconociendo “la experiencia” de los interinos que llevan años en los mismos puestos de la Administración.

Por su parte, la oposición en bloque se manifestó en contra del nuevo proyecto de ley, que considera estéril para acabar con la temporalidad pública. En esa línea, la representante de EH Bildu Pazis García denunció en el debate parlamentario que en Euskadi hay “muchas” personas que trabajan en régimen de interinidad para las administraciones “en situación de abuso o fraude”, ya que realizan trabajos “estructurales y permanentes” como si fueran indefinidos.

Además, censuró que, tras los cambios introducidos en el texto, lo que se ha aprobado es “una ley fallida”, que a su juicio no dará solución alguna al “objetivo principal” de acabar con las “escandalosas” tasas de interinidad.

Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández afirmó que el texto “no es satisfactorio”, y lamentó que se haya “renunciado” a seguir adelante con la disposición adicional segunda a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que a su entender ha “desvirtuado” el contenido y el propósito de la ley.

Ayer mismo también se dio a conocer a nivel estatal un acuerdo entre el PNV, ERC y el Gobierno de coalición respecto a la futura Ley de Estabilización en la Función Pública. Así, jeltzales y republicanos lograron que Moncloa se avenga a unificar las enmiendas de cara a la próxima votación en el Congreso de esta norma. La principal concesión arrancada al Ejecutivo español es que los trabajadores interinos del sector público que lleven más de cinco años consecutivos en el mismo puesto podrán convertirse en indefinidos, según publicó ‘El Periódico de Catalunya’. De esta manera, los empleados de la Administración que hayan superado dicho plazo en la misma plaza accederán a un concurso de méritos con el que consolidarían su condición de fijos. Tras este acuerdo, el texto jurídico debe debatirse en comisión para finalmente ser sometido a votación en la Cámara.