Las exigencias de la oposición alejan el pacto presupuestario pero Azpiazu no ceja

En su valoración tras los encuentros en Bilbao, Azpiazu opinó que a priori “no se ha cerrado ninguna puerta” con ningún grupo, tendió la mano a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, y los emplaza a reunirse nuevamente la próxima semana. No obstante, sus condiciones parecen situarse fuera del marco presupuestario fijado por el Gobierno Vasco y de las competencias que tiene el Parlamento, unos ejes que habían fijado claramente el lehendakari y Azpiazu y que sobrepasan los partidos de la oposición.

La coalición morada, en la que parecían centrarse todas las expectativas, salió de la reunión con un tono crítico y poco esperanzador, porque cree que el Ejecutivo no quiere abrir un debate sobre la empresa pública de energía, el mantenimiento de los 4.000 sanitarios que han reforzado Osakidetza durante la pandemia o actuar para evitar la segregación por sexos en la educación concertada. Ha puesto sobre la mesa unas exigencias valoradas en 500 millones, lo que dispara su catálogo de peticiones y supone más del doble que las enmiendas que registró para las Cuentas de 2021. Azpiazu quiso poner en valor que no son líneas rojas y puede haber cierto margen para negociar, pero las partes discrepan en cómo hacerlo.

La dificultad en el caso de EH Bildu, más que en la cantidad (más ajustada, de 118 millones), se sitúa en el fondo. Su documento se divide en dos apartados, uno de ellos económico y otro político. Es en esa segunda parte donde surge el problema y aparecen asuntos competencia del Estado como el aumento del salario mínimo, o propuestas como una ley vasca para limitar el precio del alquiler. Además, pide una reforma fiscal, al igual que el PP, cuestión que el Gobierno Vasco ha situado fuera de la negociación.

Azpiazu se mostró más crítico con PP+C’s, al que acusa de actuar como el doctor Jekyll y mister Hyde por haber planteado ante los medios de comunicación una reforma fiscal para bajar los impuestos que, sin embargo, no ha propuesto en privado como línea roja. Tiene un claro aroma ayusista tras la tensión surgida entre la presidenta madrileña y el lehendakari Urkullu por el dumping fiscal en la comunidad gobernada por el PP. Azpiazu evitó cerrar la puerta a esta bancada a la espera de que aclare su posición. El consejero quiere ceñirse al marco competencial del Gobierno Vasco, pero han aflorado por boca del PP y de EH Bildu cuestiones como la fiscalidad, que corresponde a las Juntas Generales de los tres territorios. Algo similar sucede con la empresa pública de energía vasca que propone Elkarrekin Podemos-IU. Son pretensiones ambiciosas que parecen ir más lejos de lo que podría admitir un gobierno con mayoría absoluta.

En el caso de Elkarrekin Podemos-IU, Azpiazu se mostró muy conciliador e, incluso, le agradeció que no exija una reforma fiscal. Ahora bien, la coalición de izquierdas no generó demasiadas expectativas con su valoración de la cita. Todas las miradas estaban puestas en ella porque en junio apoyó la Ley Antipandemia y se propuso abrir una nueva etapa marcada por su deseo de influir en la política vasca. Fue el único grupo que negoció las Cuentas de 2021, aunque no hubo fumata blanca. Esta vez exige propuestas valoradas en 500 millones de euros, que quiere extraer de un mayor endeudamiento, el uso de remanentes o la supresión de 14 millones destinados a la escuela concertada. De esos 500 millones, cien irían destinados a la puesta en marcha de una empresa pública de energía, 131 se volcarían en reforzar la atención primaria, la salud bucodental y mental, y mantener los puestos de 4.000 sanitarios; y el tercer eje de su propuesta se centra en terminar con la segregación educativa y que las haurreskolak sean gratuitas.

David Soto, uno de los integrantes de la delegación de Elkarrekin Podemos-IU en la cita, explica que el Gobierno Vasco no quiere entrar a debatir estas cuestiones porque entiende que se salen del marco presupuestario y son materias que se deben abordar sectorialmente en otros proyectos. “Es lo que dicen siempre, como con la fiscalidad”, asegura Soto. Critica que la oferta de Azpiazu se limite a aumentar partidas presupuestarias dentro del marco general fijado en el proyecto, un esquema en el que Podemos no va a entrar. Soto aclara que sus tres ejes son adaptables y lo que pide es una contrapropuesta al Gobierno vasco para que, por ejemplo, la empresa pública de energía pueda ser el Ente Vasco de Energía, y que este organismo sea el que se dedique a comercializarla, lo que tendría un menor coste económico en las Cuentas.

Sobre los 4.000 sanitarios, Soto dice que no pretende que sean funcionarios. Confirma que los han convocado a una segunda cita, aunque no espera demasiado. En materia de vivienda, por otro lado, proponen ampliar las prestaciones complementarias en 50 euros hasta los 300 mensuales. Se da la circunstancia de que en la negociación fallida para las Cuentas de 2021, Azpiazu ya planteó elevar el monto desde los 250 euros hasta 275, Podemos no lo vio suficiente, y ahora, de saque, en el proyecto aparecen esos 275 euros que tampoco son una cantidad que baste para Podemos. Junto a Soto, acudieron Isa González y Jon Hernández, y censuraron en una nota que no han visto a Azpiazu “muy dispuesto a entrar a debatir seriamente nuestras medidas”.

Por otro lado, EH Bildu plantea seis medidas económicas y seis políticas donde se produce el choque. Algunas son competencia de las Juntas Generales o, incluso, del Estado español: una reforma fiscal que entre en vigor en 2023 y, por otro lado, un acuerdo para establecer un salario mínimo “propio” que equivalga al 60% del salario medio de Euskadi, o una ley para limitar los precios del alquiler. El salario mínimo es una petición recurrente de EH Bildu en las negociaciones presupuestarias vascas, y Azpiazu siempre ha pedido que llame a la puerta adecuada: la del presidente español.

También piden un 3% del PIB en investigación para 2026, integrar las cooperativas en el Consejo de Administración de Lanbide y potenciar el sector audiovisual vasco. En cuestiones presupuestarias, pide 30 millones para reforzar la atención primaria en Osakidetza, 40 para la transición energética, dos para aumentar las ayudas de emergencia social y paliar la subida de la luz, 35 para empleo y trabajo, 8 para analizar la gestión de las residencias, y tres para estudiar una renta básica de emancipación de los jóvenes de 18 a 23 años. La portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, presentó por escrito su propuesta a Azpiazu. Opinó que, si se dieran “pasos en los compromisos políticos”, sería “un impulso muy grande para este país”.

Desde PP+C’s, Carlos Iturgaiz y Luis Gordillo imitaron a Ayuso al rechazar que aumente el gasto público “subiendo los impuestos de los ciudadanos”, y dijeron que, donde gobierna el PP, la política es la de “bajada impuestos”.

“Hemos planteado abrir un debate sobre la fiscalidad y un acuerdo sobre el salario mínimo”

Portavoz de EH Bildu

“Donde gobernamos nosotros, la política es la bajada de los impuestos”

Parlamentario de PP+C’s

“‘A priori’ en esta primera toma de contacto no se ha cerrado ninguna puerta con ningún grupo”

Consejero de Hacienda

“El Gobierno Vasco no está muy dispuesto a entrar a debatir seriamente las medidas”

Parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU