- PSOE y Unidas Podemos ultiman la negociación para cerrar los últimos detalles de las enmiendas conjuntas de cara a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, y que versan entre otros asuntos sobre la prohibición de pelotas de goma en los protocolos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante incidentes en manifestaciones.

El miércoles previsiblemente se cerrará el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley que impulsa el PNV y que ha estado parado durante más de un año. De esta forma, los socios de coalición se afanan en definir los últimos flecos sobre las propuestas de modificación de esta normativa, aprobada por el PP en 2015.

A este respecto, según explicaron fuentes conocedoras de la negociación entre ambas formaciones, existe una propuesta de base, aunque aún no es definitiva, para impedir el uso de material que cause lesiones irreversibles en las intervenciones policiales cuando se producen incidentes en protestas.

Esta redacción se dirige sobre todo a prohibir el uso de pelotas de goma por parte de agentes antidisturbios, dado que ha habido numerosos casos de manifestantes que han perdido visión total o parcial en algún ojo al recibir impactos de este material.

Las conversaciones se centran también en fijar una redacción definitiva al criterio de proporcionalidad en las multas a las personas sancionadas, ligado a la capacidad de ingresos de los manifestantes para propiciar reducción en los importes.

Específicamente, se discute sobre como reducir a la mitad la sanción para quienes cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo y otra rebaja del 25% para aquellos que se sitúen en la franja entre 1,5 y 2,5 veces del salario mínimo.

Durante las negociaciones que dirigen los secretarios de Estado Rafael Simancas (PSOE) y Enrique Santiago (Unidas Podemos), se han consensuado varios cambios a esta polémica normativa, como sacar del texto las referencias a los asuntos de extranjería, como es el caso de las devoluciones en caliente de migrantes irregulares.

Otros aspectos son la retirada de sanciones en manifestaciones no comunicadas que se desarrollen de forma pacífica, pues solo comportarán consecuencias si se produce desórdenes públicos o violencia.

En cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos, deberá contar por escrito la motivación del agente que lleve a cabo comprobaciones en la vía pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la “debida garantía de protección de la intimidad”.

También se trabaja en la redacción de una enmienda conjunta para reducir el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente “alegada y verificable”. Además, una vez concluida la persona identificada deberá ser “devuelta” al lugar desde donde fue la conducida a la diligencia de identificación si esta se hubiera realizado en otra localidad.