El PNV y ERC critican con su ausencia los nombramientos del PSOE y PP para el TC

Para ser elegidos, los aspirantes al Constitucional debían obtener en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso celebrada ayer un apoyo mínimo de tres quintos del Pleno (210 votos), lo que se logró con los sufragios del PSOE, el PP y Unidas Podemos -finalmente, 242 votos a favor, 12 abstenciones y ningún voto en contra-. Sin embargo, la Comisión en la que los magistrados defendieron ante los diputados la idoneidad de su elección nació coja por la ausencia crítica del PNV, ERC, la CUP y Compromís.

La diputada cupaire Mireia Vehí calificó la sesión de “aberración jurídica y democrática” y criticó el “escándalo” de este pacto. “El PSOE prefiere regalarle al PP más sitios en la alta magistratura que abrir al resto de partidos el búnker del bipartidismo y del régimen del 78”, apostilló. Compromís anunció que también iba a votar en contra de estos candidatos “de la infamia” y recordó que Arnaldo ha sido imputado por “soborno”. Se preguntó si el PSOE va a “engullir el sapo” y si Pedro Sánchez “va a hacer como Poncio Pilatos y se a lavar las manos” alegando que no es responsable de la propuesta del PP.

El hecho de que la magistrada Concepción Espejel fuera apartada del caso Gürtel por su afinidad al PP y que Enrique Arnaldo tenga una estrecha relación con FAES y esté presente en unas grabaciones del caso Lezo, por citar solo unos pocos ejemplos, marcaron por tanto la sesión. También Vox y Ciudadanos expresaron su desacuerdo, y denunciaron el “teatrillo” y la “traición” a las instituciones del Estado.

“No vamos a participar en esto. Es la culminación de un proceso en el que se falta al respeto a las instituciones”, dijo el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que abandonó la sesión tras una intervención inicial. Edmundo Bal, de C’s, denunció que “aquí está todo el pescado vendido” y, en referencia al catedrático Enrique Arnaldo, le reprochó que “usted es nombrado por ser amigo de alguien del PP”.

Especialmente incómodo se vio a Unidas Podemos, socio de gobierno de Sánchez. Prácticamente desaparecido, optó por guardar silencio durante el debate cuando era el turno de preguntar a los candidatos propuestos por el PP, Arnaldo y Espejel, a quienes apoyó en la votación final. Con Espejel, el diputado morado, Txema Guijarro, rechazó intervenir, y con Arnaldo se limitó a valorar que fue observador internacional en el juicio de los jesuitas por la matanza de El Salvador sin hacer más consideraciones.

Sin embargo, en una entrevista en RNE, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, admitió que “nos tenemos que tragar sapos en esta negociación y tragar perfiles del PP” con candidatos que son “militantes de su partido, pero si no, no habría renovación del Tribunal Constitucional”. Añadió que “a cambio, el PP también se tiene que tragar otros sapos, que haya en la lista magistrados honestos, decentes progresistas que dictan sentencias ajustadas a derecho y no en base a su militancia política”, zanjó.

Frente a las previsibles posiciones condescendientes de los diputados presentes del PSOE y el PP, llamó la atención la actitud como verso suelto del socialista Odón Elorza, que expresó sus dudas sobre la imparcialidad de Arnaldo, pese a que su partido ha aceptado su nombre en el acuerdo con los populares. La portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, siguió el argumentario del PSOE y, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, advirtió de que el Ejecutivo se hace cargo de los candidatos que ha propuesto el PSOE para el Constitucional, “no de otros nombramientos”, en referencia a los del PP. “Nos hacemos cargo de nuestros nombramientos y aquellos que resulten mas polémicos preguntemos a aquellos grupos que los propusieron”, apostilló.

Tras recibir el respaldo de la Comisión de Nombramientos, esta elevará la decisión a la Mesa del Congreso. Se espera que el Pleno para elegir definitivamente a los nuevos miembros de los órganos constitucionales tenga lugar el próximo día 11 -aquí también se incluyen el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, con la renovación del CGPJ todavía en el congelador-, toda vez que esta semana está copada con el debate de totalidad de los Presupuestos de 2022. Ayer también fueron examinados en la Comisión los seis candidatos propuestos para renovar el Tribunal de Cuentas, de nuevo con el apoyo del PSOE, PP y Podemos, y la ausencia del PNV, ERC y de Vox y Ciudadanos.

La votación, mañana. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 afronta esta semana su primer escollo parlamentario con la votación de siete enmiendas a la totalidad, que previsiblemente serán rechazadas por la misma mayoría que sacó adelante las cuentas de 2021. Los vetos registrados por PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria serán debatidos hoy y mañana en el pleno del Congreso y finalmente votados de manera conjunta mañana jueves. En el improbable caso de que los vetos salieran adelante, el texto de los Presupuestos sería devuelto al Gobierno, aunque esta posibilidad se ha alejado después de que ERC y PNV renunciaran a registrar enmiendas de totalidad tras alcanzar sendos acuerdos con el Ejecutivo. Ambas formaciones han advertido de que esta decisión no garantiza su apoyo final a las Cuentas, que han supeditado a avances en el trámite de enmiendas parciales.

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