- Con la llegada de noviembre se cumple el plazo anunciado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para comenzar a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, en el que los colores políticos quedan “aparcados” y cada comunidad defiende sus intereses.
La financiación autonómica hace que se tejan curiosas alianzas entre presidentes de distintos signos políticos, pero con intereses comunes. La propia Montero, en una comparecencia en el Congreso, emplazó a las dos grandes fuerzas políticas, PP y PSOE, a que lograsen una posición común en el seno de cada una de ellas sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. La ministra llegó a preguntar: “¿Cuál va a ser la posición del PP, quizá en este caso la de la Comunidad de Madrid que está más alineada con la posición de los partidos catalanes que con Andalucía o Galicia? Y así podría poner toda una serie ejemplos, también en el interior de mi propia formación política”.
En lo que sí hay consenso -casi el único en esta materia- es en la necesidad de abordar una modificación de la financiación de las comunidades autónomas, una asignatura pendiente desde 2014. Hay un eje mediterráneo, con la Comunidad Valenciana del socialista Ximo Puig; la Andalucía dirigida por Juanma Moreno (PP), y Murcia, con Fernando López Miras (PP). Las tres se consideran infrafinanciadas. Hay otro bando de regiones envejecidas, como Galicia (Alberto Núñez Feijóo, PP), que ha promovido una reunión con otros siete presidentes de comunidades autónomas: Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura. La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso entiende que es la que más aporta al sistema de financiación autonómico y ha asegurado que “tiene que seguir siendo así”, pero, en su opinión, “no siempre es la mejor tratada”. Por último, Catalunya asegura que el sistema ofrece recursos “insuficientes”. Euskadi y Navarra cuenta con su propio concierto económico.
