La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha presentado este martes en el Parlamento Vasco el proyecto de Ley de Empleo Público vasco, que inicia su tramitación parlamentaria, con el objetivo de organizar y regular la actividad de más de 100.000 empleados que trabajan en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, incorporando instrumentos de ordenación y profesionalización del empleo público, como un sistema de la evaluación del desempeño directamente ligado con la carrera profesional.
La Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad ha acogido este martes la comparecencia de la consejera para informar sobre el contenido del citado proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 6 de julio, que busca actualizar la Ley de Función Pública actualmente en vigor, que data de 1989.
La consejera ha explicado que esta ley tiene como objeto la ordenación, definición del régimen jurídico y regulación de los instrumentos de gestión del empleo público vasco en su conjunto. De esta forma, regulará los aspectos de las personas que trabajan en lo público, en todo aquello que se refiera a su trayectoria profesional, desde el momento de presentarse a una Oferta Pública de Empleo (OPE), hasta su jubilación.
En concreto, incluye la ordenación y estructura del empleo público; el diseño del sistema retributivo; la regulación de los órganos del empleo público y sus competencias; la formación y el desarrollo profesional; o la carrera profesional del personal.
La norma incluye, dentro de su ámbito de aplicación, no solo al personal funcionario público, sino también al personal laboral y eventual al servicio de las Administraciones Públicas vascas. De esta forma, afecta a trabajadores de la Administración de la comunidad autónoma, administraciones forales y locales, personal administrativo y de servicios de la UPV/EHU y entes instrumentales y consultivos del entramado institucional vasco.
La consejera ha defendido que es "imprescindible y urgente" disponer de una ley "adecuada a estos tiempos, ya que afectará directamente al conjunto del sector público vasco". En términos cuantitativos, supone que la futura Ley de Empleo Público afectará a más de 100.000 personas que trabajan en administraciones y entidades públicas vascas.
"Queremos una administración próxima, cercana a la ciudadanía, que aproveche al máximo el gran talento humano que alberga; una administración que mire hacia la modernización permanente, hacia el futuro, buscando en todo momento la excelencia en el servicio y también la defensa del bien común", ha señalado.
La consejera ha destacado que el proyecto de ley "fortalece la singularidad del entramado institucional vasco y favorece su coordinación gracias, entre otros, a la creación de la Comisión de Coordinación del Empleo Público. Además, se mantiene el Consejo Vasco de la Función pública, pasando a llamarse Consejo vasco del Empleo Público, órgano en el que tiene presencia la representación del personal empleado público.
En cuanto a la incorporación de la regulación de la Dirección Pública profesional, ha subrayado que el proyecto de ley prevé para la designación del personal de directivo público profesional, el desarrollo de unos procedimientos basados en los principios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia.
No obstante, ha precisado que se remiten a un desarrollo reglamentario posterior, sujeto al proceso de negociación, las cuestiones relativas a los procedimientos de designación y acreditación de competencias profesionales. Asimismo, se incorporan instrumentos de ordenación y de planificación del Empleo Público, como los planes de ordenación y el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, "importantes instrumentos de mejora de la gestión y de impulso del desarrollo profesional".
En el ámbito de la selección, se plantea impulsar la profesionalización de los órganos de selección permanentes. La finalidad de estos órganos consistirá en llevar a cabo, de forma coordinada, la aplicación de los criterios comunes previamente definidos en la Comisión de Coordinación del Empleo Público, a los distintos procesos selectivos.
En este sentido, ha destacado la labor del IVAP y su papel en el ámbito de la formación en el empleo público. "Esta formación es especialmente importante en un momento de permanente cambio y que nos obliga a desarrollar nuevos perfiles profesionales", ha subrayado.
CARRERA PROFESIONAL
En cuanto a la carrera profesional, ha informado de que "se amplía conceptualmente la definición de esta herramienta, ya que la carrera es concedida no sólo como un derecho del personal funcionario, sino que también acentúa su dimensión objetiva". "Es decir, se entiende la carrera como un instrumento de gestión para hacer más eficiente el funcionamiento y la prestación de servicios de las Administraciones Públicas", ha explicado.
Garamendi ha señalado que el verdadero elemento innovador se encuentra en que "en este caso no se centra el foco en el puesto de trabajo como elemento vertebrador del empleo público, sino que se pone en la persona y su desarrollo". Además, se prevé la elaboración de un reglamento de acuerdo a los criterios que se acuerden en la Comisión de Coordinación del empleo público y previa negociación con la representación de personal.
"El objetivo sería validar los criterios que, con carácter común y homogéneo para todas las administraciones públicas vascas, deberán definir sus respectivos modelos de desarrollo profesional", ha indicado.
En el ámbito de la provisión de puestos de trabajo, se propone configurar un nuevo modelo de provisión que se asienta sobre la acreditación previa de las competencias profesionales.
En cuanto al sistema retributivo, la consejera ha destacado la novedad que suponen las retribuciones complementarias, directamente ligadas al nuevo modelo de empleo público y particularmente con el modelo de organización de carrera profesional y de evaluación del desempeño.
"Otro punto a destacar desde el punto de vista de los derechos y deberes del personal es el impulso de los principios éticos, poniendo en valor el trabajo que los profesionales públicos vienen realizando. Se trata de visibilizar y prestigiar aún más el servicio público que prestan a la ciudadanía", ha señalado.
Respecto a la negociación colectiva, Garamendi ha explicado que a diferencia de la ley de 1989, esta cuenta con un apartado específico que incluye una serie de principios generales que deben regir toda actividad negociadora y los criterios orientadores para las Administraciones Públicas en la negociación colectiva.
Por otro lado, ha subrayado que la ley se asienta además sobre el principio de igualdad de género; de igualdad lingüística; y de igualdad de Oportunidades. En este ultimo caso, ha destacado la reserva de un cupo no inferior al 7% de las vacantes convocadas en los procesos selectivos, a personas con algún tipo de diversidad funcional. "Al menos el 2% de plazas ofertadas serán cubiertas por personas con discapacidad intelectual y el resto por personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad", ha informado.
Asimismo, se ha mostrado convencida de que "todos los esfuerzos para aprobar esta ley servirán para reforzar el marco del empleo público y la calidad del servicio que se presta a las ciudadanas y ciudadanos".
Por último, se ha dirigido a los grupos parlamentarios para pedirles su colaboración para sacar adelante este proyecto de ley. "Les doy mi palabra de que vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en buscar el máximo consenso para que, después de tanto tiempo, tengamos un nuevo texto legal en el ámbito del empleo público de Euskadi", ha concluido.
