Sare ha acudido este sábado a Donostia con la intención de realizar una exhibición de músculo para que el Gobierno español lleve hasta el final el recorrido que ha iniciado en las cárceles con los presos de ETA, desactive las medidas de excepción y les dispense el mismo trato que al resto de personas privadas de libertad. Tras el acercamiento de decenas de presos durante el mandato de Pedro Sánchez una vez desaparecida la organización, Sare ha movilizado a miles de personas y, al margen del habitual respaldo de EH Bildu, el PNV y Elkarrekin Podemos, contó con el apoyo de los líderes del procés, de ERC y Junts.
Acudieron a la marcha el exvicepresident Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los exconsellers Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva, una fotografía que dio repercusión a la iniciativa en los medios de comunicación del Estado.
Junqueras se mostró feliz de volver a Euskadi tras su estancia en la cárcel y consideró “valiente y sincera” la declaración de EH Bildu “en el camino de la paz y el respeto a la vida”. También aplaudió que Euskadi “siga el camino del diálogo, de la negociación y el acuerdo” para resolver “el conflicto con el Estado”.
Al término de la marcha Ibilian ibilian etxerako bidean, Joseba Azkarraga leyó un manifiesto donde Sare reconoce que “el último año ha supuesto un avance” porque ya no hay presos alejados en cárceles de Levante, Andalucía o Galicia, pero matizó que quedan “un centenar (104) de presos y presas en cárceles de España y una veintena en Francia, y ahora toca vaciar las cárceles de Castilla, Aragón, Cantabria, Asturias, Logroño o Madrid”, y los centros penitenciarios franceses. Como ya es habitual en los pronunciamientos de Sare, volvió a recalcar que no exige privilegios, sino aplicar la legislación ordinaria a los presos de ETA, “que impida cadenas perpetuas encubiertas, que posibilite la progresión de grados o los permisos”.
CONSENSO ANTE MADRID
Sare puso en valor el consenso que suscita esta demanda. “Es el que nos va a permitir presentarnos ante los Gobiernos de Madrid y París con el respaldo que representa ese 80% de la mayoría política vasca y la unanimidad sindical”, dijo.
Azkarraga quiso hacer “compatible” la reivindicación de los derechos de los presos con el “respeto” a las víctimas de las distintas violencias. Este pronunciamiento llega en el contexto de la polémica por las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien comenzó la semana del décimo aniversario del cese de ETA reconociendo que el dolor de las víctimas nunca debió producirse, y después trascendió una intervención suya ante la militancia donde se mostraba dispuesto a apoyar los Presupuestos de Sánchez a cambio de la excarcelación de los 200 presos. En varios ámbitos se interpretó que estas declaraciones restaban sinceridad al reconocimiento sobre las víctimas.
En ese contexto, Azkarraga, que habló de aplicar la ley ordinaria y no de excarcelar de inmediato a los presos, trasladó su “respeto a todas las víctimas de todas las violencias y la necesidad de que su dolor no sea utilizado por nadie, como arma política arrojadiza; y todo ello, porque es compatible el respeto a quienes han sufrido cualquiera de las violencias padecidas en nuestro pueblo, con la exigencia del respeto a los derechos” de los presos. Sare emplazó a acudir a la marcha anual del 8 de enero.
POLÉMICA CON COVITE
El colectivo de víctimas del terrorismo Covite, tras haber valorado inicialmente como un paso las declaraciones de Otegi, consideró por boca de Consuelo Ordóñez que, al analizar el trasfondo, ha visto “una trampa”. Covite acudió a la marcha para colgar pancartas y lanzar pasquines con los nombres de las víctimas, y defender que los presos no son gudaris sino “asesinos”. Algunos asistentes respondieron con abucheos, y en esos momentos se gritaron expresiones como “fascistas” y “terroristas”.
Desde el PNV, presente en la marcha, la parlamentaria y burukide Irune Berasaluze pidió al Gobierno español que “revoque la excepcionalidad vulneradora de derechos” y los presos de ETA sean tratados “como cualquier otra persona privada de libertad”. Opinó que el acercamiento y el proceso de reinserción que puede comenzar en Euskadi tras el traspaso de la competencia ayudará a que hagan autocrítica. Sare aludió también al traspaso y confió en que se aplique una política “humanista, no represiva”. Desde EH Bildu, Maddalen Iriarte pidió al Estado aplicar la ley ordinaria.
