- Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig han solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que estudie de nuevo las órdenes de detención que pesan sobre ellos y solicitan que, de no hacerlo, eleve consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En un escrito de 47 folios, la defensa de los líderes independentistas eleva un recurso de súplica contra el auto del órgano de garantías por el que se avala la vigencia de las euroórdenes emitidas en su contra por el Tribunal Supremo, y requiere que “señale día para la vista oral”.

Los dirigentes soberanistas instan a que se estime el recurso “a los concretos efectos de declarar vulnerados por el TC los derechos de los recurrentes a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías”. En caso de que no estimase directamente el recurso de súplica -en su condición de última instancia en materia de garantías constitucionales-, Puigdemont y el resto de exconsellers conminan al Constitucional que “remita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial planteada”. El pasado 5 de octubre el Pleno del Constitucional desestimó un recurso similar y la solicitud de medidas cautelares interesados por estos excargos del Govern. Así, el tribunal confirmó la decisión adoptada el pasado marzo de no suspender preventivamente las órdenes de detención en su contra.

Los líderes exiliados interpusieron el primer recurso contra las resoluciones de 14 de octubre y 4 de noviembre de 2019 del Supremo, en las que se acordaba emitir ordenes nacionales, europeas e internacionales de detención en su contra, así como los autos sucesivos que confirman esas decisiones iniciales. Para Puigdemont y los exconsellers “es evidente que la pretensión del Constitucional de proteger a las partes demandadas en la presente demanda de amparo siembra más dudas si cabe sobre su imparcialidad para conocer sobre el mismo”. Según la defensa, la “falta” de razonamiento por parte del órgano de garantías “solo” responde a su “pretendido oscurantismo”, así como a su “predisposición a denegar las pretensiones” de los líderes soberanistas “en amparo por argumentos que nada tienen que ver con lo jurídico, sino con lo político”.

Los excargos de la Generalitat reprochan al Constitucional que tenga un “interés prevalente” en la ejecución de unas órdenes de detención europeas “aún antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre la cuestión prejudicial” planteada por el juez instructor del Supremo a cargo de la causa del procés, Pablo Llarena. “El TC se adentra en una peligrosa senda: no solo la de la arbitrariedad más absoluta (...) sino la de la abierta rebeldía frente al Derecho de la Unión Europea”, zanjan.