Kepa Pikabea, Andoni Alza, Rafa Caride, Andoni Díaz Urrutia, Ibon Etxezarreta, Carmen Gisasola y Joseba Urrusolo, todos ellos ex miembros de ETA acogidos a la denominada 'Vía Nanclares', firman una carta en la que exigen a los políticos de la izquierda abertzale que "asuman su responsabilidad" en la violencia desplegada durante décadas. En el texto, los ex miembros de ETA que renegaron de la actividad armada años antes de que ETA decretara el fin de la misma consideran "inaceptable" que no asuman dicha responsabilidad los políticos de la izquierda abertzale a quienes acusan de "esconderse" y "echar todo el peso sobre los autores de los atentados".

La carta, hecha pública el día en el que se cumplen diez años de la declaración del cese de la violencia el 20 de octubre de 2011, remarca que se ha "perdido demasiado tiempo" con "escenificaciones" como "el desarme o la desaparición" de ETA "cuando lo importante es la reflexión que hagamos sobre el daño que hemos causado. Sobre el causado por otros será responsabilidad de ellos hacerlo" pero el ocasionado por ETA "deberá ser respondido por los que han sido sus militantes y los dirigentes políticos de su entorno", señalan.

"Por ello es inaceptable que los que tienen la responsabilidad política no asuman la suya sobre lo que ha sucedido", remarcan los expresos de ETA: "Diez años después, esto es lo que queda por hacer". "No es aceptable, por tanto, que esa responsabilidad no se asuma y se deje solo a los que participábamos directamente en los atentados, para los del último eslabón de la cadena que golpeaba, los que hemos sido condenados y, sobre todo, los que aún siguen en prisión", afirman en la carta.

Los acogidos a la Vía Nanclares recalcan que, en su caso, "tenían claro" que era necesario "hacer una reflexión crítica con el pasado" y que había que "trasladarla a la sociedad" y "en ello estaban cuando ETA anunció el fin de la violencia". Recuerdan que lo hicieron "sin esperar le decisión de nadie", en un contexto en el que ETA, "con gran frivolidad", tras el fracaso de las conversaciones de Loiola continuó con la violencia. En ese contexto "dejaron la lucha armada", "reconocieron el daño causado" y se acogieron a los beneficios penitenciarios, "lo que diez años después están empezando a hacer la mayoría de los presos", señala la carta.

"Más de uno no se atrevió a dar ese paso por miedo a lo que podrían padecer en sus pueblos sus familiares", pero ahora "se les pide que den esos pasos ya que nadie les descalificará en sus pueblos", afirman los siete firmantes de la carta, en la que se señala también que ahora "aplauden" que se trabaje en las cárceles para ayudar económicamente a las familias y no se les acusa de ser "criados de la cárcel" y se critica que en los juicios "se les pedía" a los militantes de ETA "insumisión" mientras "han terminado buscando para ellos acuerdos a toda costa con la Fiscalía, de los que ahora dicen que solo hacían política o que ellos solo negociaban".