- Una de cal y otra de arena en el juicio al excomisario José Villarejo. La Audiencia Nacional echó ayer por tierra su petición de aplazar la vista, al tiempo que impidió a la Fiscalía aportar otras fuentes de prueba que, en su opinión, evitarían eventuales nulidades.

La sección cuarta de lo Penal comenzó el primer juicio del caso Tándem, que gira en torno a tres supuestos encargos de espionaje efectuados a Villarejo y a sus colaboradores, algunos de ellos policías, y por los que el excomisario afronta una petición fiscal de casi 110 años de prisión.

Son los proyectos Iron -un presunto espionaje de un despacho de abogados a otro de la competencia-, Land -en torno a la disputa familiar entre las herederas de la urbanización de lujo La Finca- y Pintor -por otro espionaje que habrían encargado unos empresarios, entre ellos Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana-.

Junto a Villarejo, que estuvo más de tres años en prisión preventiva, están acusados una treintena de personas, incluidos antiguos mandos policiales como el también excomisario Enrique García Castaño, conocido como el Gordo; o Susana García Cereceda, hija del fallecido promotor de la citada urbanización.

La primera jornada, centrada en las cuestiones previas, comenzó con el intento de varias defensas de aplazar un juicio al que, según recalcaron, llegaban “a ciegas” porque no habían tenido acceso a toda la causa, incluidas las agendas que se intervinieron al excomisario y que han nutrido buena parte de las 30 líneas de investigación en las que se ha desgajado el caso Tándem.

El abogado de Villarejo, José Antonio García Cabrera, también criticó que haya informes policiales realizados “a espaldas de las partes” y reivindicó el derecho de su cliente, sentado a su lado durante buena parte del juicio y vestido con toga al ejercer como codefensor, “a saber qué hay” en ellos.

Tras reunirse unos minutos a deliberar, el tribunal rechazó la estrategia de Villarejo de aplazar la vista al estimar que tienen tiempo “de sobra” para consultar la información que reclaman dado que, tras la jornada de hoy, no se reanudará hasta el 15 de noviembre. Los magistrados proponen que acudan durante esos días a la Audiencia Nacional a examinar las agendas, y pidan aportarlas al juicio si lo estiman.

Pero las defensas no fueron las únicas que vieron sus peticiones desestimadas. También le ocurrió a la Fiscalía Anticorrupción, que intentó sin éxito incorporar al juicio documentación que avalaría, en su opinión, los indicios para acordar algunos registros practicados en la causa y evitaría que las partes pudiesen “plantear cuestiones de nulidad”.

Tras recibir el rechazo unánime de todas las defensas, que criticaron por “intempestiva” y “extemporánea” la solicitud, la presidenta de la Sala, Ángela Murillo, rechazó la petición del fiscal, quien, como el resto de acusaciones, denunció “indefensión”.

Lo que sí aceptó el tribunal fue incorporar, a petición de Anticorrupción, varias resoluciones relacionadas con el registro del domicilio de Villarejo en octubre de 2020, con la cadena de legalidad de varios oficios policiales y con el cotejo entre las agendas intervenidas al comisario y los informes que la Policía elaboró sobre ellas.

Aunque no llegó el turno de los acusados, Villarejo volvió a reivindicar su inocencia ante los medios a la entrada al juicio y confió en que no se le someta a “una justicia folclórica” porque, de lo contrario “sería como un linchamiento, como en el oeste”.

Ya a la salida de esta primera sesión, el excomisario manifestó su sorpresa por el intento, según él, de “boicotear su función como letrado y señaló que había encontrado cierta “predisposición de la Sala”, que espera que con el tiempo “se vaya reconduciendo”.