- Una vez cerrado su acuerdo con Unidas Podemos, el Gobierno de Pedro Sánchez se pone manos a la obra para amarrar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el respaldo del PNV y ERC, a quienes ayer ratificó como “socios prioritarios”. La empresa no se dibuja tan colorista como maneja, o pretende, el Ejecutivo español en tanto que los jeltzales ya han marcado las líneas rojas para ofrecer su apoyo y los republicanos dicen estar mucho más distanciados de lo que se puede presumir. La ministra de Hacienda, María Jesús, Montero, espera que ambos partidos “sean razonables al plantear sus demandas”, que “permitan que el proyecto inicie su tramitación” y en la Cámara “incorporen mediante enmiendas todos los elementos que para ellos son importantes”. “Ya hay algunas que se han incorporado porque previamente nos los han comunicado”, señaló la dirigente socialista, dando por descontado que desde las fuerzas de la derecha habrá enmienda a la totalidad. Desde Esquerra apremiaron al Gobierno a que concrete sus palabras en hechos, mientras que el PNV continúa aguardando a que las promesas pactadas se conviertan en realidad.
La formación nacionalista apunta a la obligación de encauzar íntegramente la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) bloqueada por el ministro Escrivá, y a impulsar el TAV, compromisos adoptados por Moncloa pero que no han sido cumplimentados, amén de propulsar la construcción de las estaciones soterradas del AVE en Bilbao y Gasteiz. “Nuestra voluntad es negociar”, sentenció recientemente el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, aunque “primero tenemos que comprobar que algunos compromisos adquiridos se empiezan a encarrilar definitivamente”. Es decir, los jeltzales quieren garantías de ejecución. El IMV debía estar en manos de la administración vasca desde octubre del pasado año, de ahí las reticencias y el lógico descontento respecto al proceder desde Madrid, y al hecho de que den por descontado el “sí” a las Cuentas. El Ejecutivo de Sánchez ha plasmado como gesto su intención de no recuperar el impuesto al diésel, algo que ya se vieron en la tesitura de eliminar sobre la bocina en los anteriores Presupuestos, un elemento cuya validación generaría problemas en la industria vasca.
“Siempre que llegamos al momento actual, de lo que se trata es de concitar las mayores alianzas posibles; el Gobierno tiende la mano a todos los grupos que tengan una oposición constructiva, de forma que solamente se autodescartan, como viene siendo habitual, los partidos de la derecha, con el PP a la cabeza, con Vox y Ciudadanos”, manifestó Montero, consciente de que este tramo de la carrera exige “un detenimiento en el camino para ver lo que se ha cumplido y lo que no del pacto de investidura y lo que aún tenemos que desarrollar”. La titular de Hacienda presentará mañana en el Congreso el proyecto presupuestario, que incluye un récord de gasto social y un alza de salario de los funcionarios del 2% y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas. Estas Cuentas serán las segundas del Gobierno de coalición, y quién sabe si las últimas, y prevén una recaudación récord de 232.000 millones, un 8,1% más. El plan incorpora pocas novedades fiscales, siendo la más importante el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, con la que se espera recaudar unos 400 millones de euros.
Para este balance, el techo de gasto se mantiene en los 196.142 millones de euros, en la línea con la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades y Seguridad Social y parte de los fondos europeos. En concreto, se incluirán un total de 27.633 millones correspondientes a estas ayudas. Esta es una cifra un 3,8% superior a la del año precedente y supone una importante inyección a la inversión estatal, ya que el 85% de estos recursos europeos se reparten entre el capítulo de inversiones reales y el de transferencias de capital. En paralelo, se destinan 12.550 millones de euros en partidas para la juventud, un 84,8% más, donde se incluyen los 210 millones para el bono cultural, a lo que se une la iniciativa del bono alquiler en favor de la enmacipación y el acceso a la vivienda, que consiste en el pago de 250 euros al mes durante dos años a jóvenes de entre 18 y 35 años que acrediten rentas del trabajo inferiores a 23.725 euros anuales.
Sánchez aspira a gozar de los respaldos con los que contó para las Cuentas de 2021: a los 155 diputados del PSOE y Podemos, sumó los votos de ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), PRC (1) y Teruel Existe (1). Pero desde el mundo soberanista se advierte al Gobierno de que no le lloverán del cielo.
“El proyecto debe iniciar su tramitación y después pueden incorporar con enmiendas lo que sea importante para ellos”
“Es hora de detenerse y ver lo que se ha cumplido del pacto y lo que aún nos queda por desarrollar”
Ministra de Hacienda
