- Si el rey emérito maneja un horizonte de regreso al Estado español tras su marcha a los Emiratos Árabes hace ya más de un año, acorralado por presuntos casos de corrupción, la Fiscalía del Tribunal Supremo ultima la forma de ponerle alfombra roja, en tanto que perfila el archivo de la triple investigación por delitos fiscales y otros relacionados con distintos negocios internacionales. La lupa estaba situada, por un lado, en la existencia de fondos en paraísos fiscales, supuestamente propiedad de Juan Carlos de Borbón, así como en el posible cobro de comisiones ilegales por su intermediación en el contrato de las obras del AVE a La Meca, además del uso de fondos de un empresario mexicano amigo del monarca a través de un testaferro. Más allá de las dos regularizaciones fiscales, formalizadas de una manera un tanto en cuestión, y según desveló El Confidencial, esta decisión se adoptaría apoyándose en que los presuntos hechos se produjeron cuando era inviolable, mientras que otros habrían prescrito y en algunos se produciría una falta de peso probatorio, lo que no implica que no los hubiera cometido.
Así lo considera el equipo de fiscales, al frente del cual está el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, que cuenta con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. La investigación parece entender que las dos regularizaciones son correctas e impiden por tanto la actuación penal, queriendo disipar las dudas sobre si se hicieron después de que el rey supo, a través de su abogado, que se habían abierto diligencias por el contrato del AVE y por la donación del empresario mexicano. Técnicos de Hacienda sostienen que ese proceder impide una regularización en su justo término, aunque otros juristas creen que es legal si la notificación es genérica y no detalla el motivo real de la indagación.
Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. Cuando se archivan unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal. En esta tesitura, Pedro Sánchez evitó pronunciarse ayer sobre si el Gobierno español vería con buenos ojos el regreso de Juan Carlos I. Preguntado expresamente sobre si el Ejecutivo tendría alguna objeción al respecto, el líder del PSOE señaló que no le “corresponde” a él responder a esa cuestión. “Lo que ha hecho la Agencia Tributaria y la Fiscalía es trabajar en absoluta libertad, con todos los recursos económicos y materiales que necesitan, para poder investigar hasta el último de los hechos que tuvieran que ser susceptibles de investigación. A partir de ahí, estaremos a lo que nos diga la Fiscalía”, zanjó. La ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, consideró el archivo una “mala noticia” cuando parece “a todas luces” que se “enriqueció” utilizando la Jefatura del Estado para su “beneficio personal”. Además, la comparación con el expresident Carles Puigdemont, exiliado tras los acontecimientos de octubre de 2017, echa más leña al fuego, al ser cercado, en su caso, por la Justicia española para conseguir la extradición. El portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, aseveró que supondría “firmar la impunidad absoluta” del “mayor ladrón de la democracia española”. El secretario de Estado para la Agenda 2030 y responsable de Justicia de IU, Enrique Santiago, sospecha que la Justicia española “está dejando que prescriban” los supuestos delitos que se atribuyen al emérito.
“Supondría firmar la impunidad absoluta del mayor ladrón de la democracia española”
Portavoz de Podemos en el Congreso
